Diversas instancias y agrupaciones civiles expresaron, por separado, su rechazo hacia algunas de las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adrián Alcalá Méndez, presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que si el organismo desaparece, el gobierno federal podría clasificar como de seguridad nacional toda la información que se le solicite. Destacó que, de aprobarse una modificación legal en ese sentido, el INAI recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para evitar su extinción.

En el décimo aniversario de la reforma que creó al instituto, el pleno del organismo ofreció una conferencia de prensa, en la cual Alcalá descartó que la defensa que el INAI emprenderá ante la iniciativa que busca su eliminación, sea una batalla ideológica con el mandatario.

En tanto, ante expertos del comité de los derechos de los infantes de la ONU, representantes de organizaciones civiles y de los menores en México llamaron a fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se mantenga como un órgano desconcentrado y con las funciones que actualmente tiene, contrario a lo que plantea la iniciativa de reforma, que propone incorporarlo como una unidad administrativa al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En conferencia virtual, desde Ginebra, Suiza, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia, insistió en que la propuesta es regresiva en materia de derechos y que para su aprobación los legisladores deberán convocar a un parlamento abierto, pues la ley general en la materia contempla que se tiene que consultar a niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, Amnistía Internacional México y el colectivo Seguridad Sin Guerra expresaron su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional presentada por el jefe del Ejecutivo para dar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.

Esta medida es un golpe devastador a la autonomía y la profesionalización de las fuerzas policiales civiles, al convertirla en una extensión del Ejército se pervierte su función original, desviándose de su propósito de servir y proteger a la ciudadanía desde una institución civil.

Indicaron que la propuesta representa un grave retroceso y aumento en el poder político y económico de las fuerzas armadas, específicamente de la Sedena.