En busca de garantizar que la Guardia Nacional (GN) no tenga como destino la descomposición ni el debilitamiento que padeció la extinta Policía Federal, el Ejecutivo federal presentó como una de las propuestas anunciadas ayer una reforma para establecer en la Carta Magna que ese cuerpo policiaco es parte de la fuerza armada permanente, por lo que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.

Con la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, se busca concretar el paso de la GN a la Sedena, como se estableció en la Ley de la Administración Pública Federal en septiembre de 2022, que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril del año pasado por considerarlo contrario a la Constitución.

Entre los objetivos de la reforma, se plantea que la GN tenga la misma calidad en su disciplina, formación y adiestramiento que las fuerzas castrenses del país, para garantizar la seguridad pública con respeto irrestricto a los derechos humanos, así como dotarla del marco jurídico necesario para su participación en las labores de seguridad, se expone en la argumentación de la propuesta.

Entre las modificaciones a la Constitución, se propone definir la facultad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado para ratificar el nombramiento de coroneles y demás jefes superiores de la GN que realice el Presidente de la República.

Al igual que sucede con las fuerzas armadas, prohíbe la participación de extranjeros en la GN en tiempos de paz y limita la participación de sus integrantes a procesos de elección popular, a menos que se separen con seis meses de antelación de sus cargos.

Al recalcar que la estrategia de sexenios anteriores parte de 1999, en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se creó un cuerpo policiaco de carácter reactivo con la Policía Federal Preventiva (PFP), seguido de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno de Vicente Fox y después con la Policía Federal creada en el sexenio de Felipe Calderón, se subraya que en esa administración comenzó la estrategia fallida con la guerra contra el narcotráfico.

En cambio, la actual política de seguridad pública está basada en el respeto de los derechos humanos, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales sólo pudieron obtenerse de personal con origen militar para conformar la Guardia Nacional.