El gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso establecer en la Constitución, a través de la reforma al artículo 123, que toda persona trabajadora en México tendrá derecho a recibir una pensión justa; es decir, jubilarse con 100 por ciento de su salario.

Para ello, se propone revertir la reforma de pensiones, tanto la aprobada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón, porque afecta a los trabajos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pues les impide jubilarse con 100 por ciento de su último salario, relató el presidente López Obrador durante la presentación de sus iniciativas de reformas.

Para reparar este daño a los trabajadores, el mandatario dijo que a partir del 1º de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla por un monto de 64 mil 619 millones de pesos, que se irá incrementando, poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.

De acuerdo con la iniciativa enviada al Poder Legislativo, la presente administración propone establecer en la Constitución que las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1º de julio de 1997 conforme a la Ley del Seguro Social, y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Issste, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio.

El dinero del fondo semilla –bajo el nombre de Fondo de Pensiones para el Bienestar–, para financiar pensiones de 100 por ciento, vendrá 75 por ciento de los recursos netos de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en los supuestos que establezcan los ordenamientos legales aplicables, así como de donaciones, enajenaciones, inversiones, remanentes y adeudos, principalmente.

Asimismo, de los recursos de los trabajadores que cotizaron en algún momento al IMSS, Infonavit y Fovissste.

Para Héctor Villarreal, profesor e investigador, lo anterior podría ocurrir con una pensión complementaria administrada por el gobierno o con un bono individual que se daría a las aseguradoras cuando sea el retiro. Para arrancar, el gobierno está destinando poco más de 60 mil millones de pesos, lo cual prevé no será fácil de incrementar y puede terminar recurriendo al gasto corriente.