Con una reforma al artículo 28 de la Constitución, relativo a la prohibición de monopolios, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, así como abrir la participación de este mercado a empresas públicas, sin cerrarla a compañías privadas.

La reforma constitucional propuesta sigue al decreto publicado el 20 de noviembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros y se proponen siete primeras líneas a concesionar.

En la iniciativa enviada este 5 de febrero, como parte de un paquete de reformas con las que López Obrador llega a sus últimos meses de gobierno, se adiciona al artículo 28 que los ferrocarriles tanto para transporte de pasajeros como de carga son áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Retomar derechos

El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares, es el nuevo texto que pretende compensar las modificaciones hechas a este artículo en 1995, durante la presidencia de Ernesto Zedillo.

También se propone agregar al 28 constitucional que los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo que determine la legislación aplicable.

El Ejecutivo argumentó que la iniciativa para recuperar los trenes de pasajeros responde a que cada vez son más las personas que buscan un método de movilidad más sostenible y beneficioso para el medio ambiente, a la par de que el principal medio de transporte doméstico es carretero (97.4 por ciento en 2022), frente a pocas alternativas de movilidad, tanto por su inexistencia o ineficiencia, como por su costo, como es el caso del transporte aéreo.

Las modificaciones propuestas buscan compensar la reforma realizada durante la presidencia de Zedillo Ponce de León, que terminó por dejar a privados la explotación de 84.5 por ciento de las vías férreas principales.

El 2 de marzo de 1995 se publicó la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional y se sustituyó el régimen de participación exclusiva del Estado en los ferrocarriles, con el propósito de permitir la participación de privados mediante el otorgamiento de concesiones. Posteriormente, el 12 de mayo, también de 1995, se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que consolidó la explotación de las vías férreas por privados.