El gobierno de México busca devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública y estratégica que tenga como principal objetivo beneficiar a los consumidores domésticos y las actividades de interés nacional, un criterio que le fue quitado en el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el paquete de reformas que fue presentado este lunes por el mandatario se busca que el Estado mexicano sea el que tenga el control sobre el mercado eléctrico con el principal fin de lograr la autosuficiencia y también que los precios de la electricidad para las familias sean los menores posibles.

De acuerdo con la iniciativa sobre las industrias estratégicas, para la CFE se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, pues es un término usado en los tiempos neoliberales y que convierten a la empresa en una sin ninguna función social y le reduce las ganancias.

Al mismo tiempo, plantea eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, ya que esto sólo se realiza en firmas con accionistas e inversionistas.

La propuesta también busca que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tenga como objetivo explícito “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado.

Con lo anterior, se aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener: la atención a todos los estratos sociales y acceso a todo el pueblo de México. Este principio de planeación y control bajo responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos que lo deben guiar, deberán verse reflejados en la legislación secundaria.

La iniciativa también contempla que la CFE se encargue de proporcionar el servicio de Internet gratuito en todo el país y que el Estado sea el que asegure su desempeño, mientras las empresas internacionales que quieran participar en esta industria deben tener como principio garantizar la justicia social.