l presidente López Obrador presentó ayer su paquete de iniciativas de reformas constitucionales, que constituye una pieza clave para el futuro del país, para reivindicar los derechos políticos, económicos y sociales de los mexicanos, y devolver a la Carta Magna de 1917 toda su dignidad, humanismo y grandeza, severamente alterada por el régimen neoliberal, ese periodo oscuro de nuestra historia. La esencia es rencauzar la vida pública por la senda de la justicia, libertad y democracia, como lo exigieron con sus luchas nuestros antepasados.

Se trata de un paquete de alta gama y gran alcance del que el mandatario expuso parte de sus propuestas, todas tendientes a recuperar el camino torcido por el régimen neoliberal, el cual, a lo largo de 36 años, actuó en contra de los intereses del país y del pueblo para favorecer a la oligarquía, concibiendo así a México como una empresa privada en beneficio de unos cuantos.

Se trata, dijo, de modificar artículos antipopulares introducidos en la Constitución durante el periodo neoliberal, adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y, por lo mismo, concebida con un espíritu nacional, social y, subrayo, público. Las reformas que propongo buscan restablecer derechos constitucionales y fortalecer principios.

Recordó que se acabó con la pesadilla del régimen neoliberal: no más impunidad, que deje de castigarse a quien no tiene con qué comprar sus inocencia y se proteja a los delincuentes de cuello blanco; el Poder judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos; debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico estado de derecho.

Los constituyentes de 1917 garantizaron el dominio de la nación sobre sus recursos naturales y la soberanía de país, pero al paso del tiempo estos derechos alcanzados por el sacrificio y el sufrimiento de millones de mexicanos fueron perdiendo vigencia, en tanto se restablecían el fuero y los privilegios para una élite política y económica. En el régimen neoliberal toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz; México se convirtió en un país de unos cuantos en el que el pueblo no existía.

López Obrador enumeró algunos aspectos contenidos en su paquete de reformas constitucionales. Entre ellos, revertir las reformas (léase privatizaciones) de Ernesto Zedillo (1997, en el caso del IMSS, con la creación de las Afore) y de Felipe Calderón (2007, en el del Issste), las cuales impiden jubilarse con 100 por ciento del salario recibido. Por ello, anunció la creación, a partir del próximo primero de mayo, de un fondo semilla con 64 mil millones de pesos, que se incrementará poco a poco.

Para los campesinos propone el pago de un jornal justo y permanente, con el objetivo de que coman los que nos dan de comer: en materia de transporte ferroviario de pasajeros anunció el uso de los 18 mil kilómetros concesionados (al capital privado) por Ernesto Zedillo; además, el Estado estará obligado a garantizar Internet, sea mediante servicio público o concesionado.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el objetivo es devolverle su carácter de empresa pública estratégica de interés nacional en beneficio de los consumidores domésticos, es decir, revertir las modificaciones que el régimen neoliberal llevó a cabo para favorecer al interés privado.

Algo más: propone reducir los gastos de campañas electorales y las asignaciones a partidos políticos: evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales, eliminar los legisladores plurinominales y que el Congreso se integre con 300 diputados y 64 senadores. Además, propone que consejeros y magistrados electorales sean electos mediante voto libre y secreto, con el fin de fortalecer la democracia participativa. Plantea el mismo camino para jueces, magistrados y ministros.

Las rebanadas del pastel

Dice el ministro candidato a juicio político, Alberto Pérez Dayán, que hay que alejar el Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de pasiones; militancia y judicatura no son afines. Bien, pero ¿qué tal la afinidad, la militancia y las pasiones entre capital privado y judicatura? Cierto es que en democracia son necesarios los contrapesos (léase división de poderes), pero en el caso de dicho poder ello no aplica porque está podrido y descaradamente entregado a los intereses oligárquicos.

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