ndrés Manuel López Obrador se reformuló ayer mediante un conjunto de propuestas de modificaciones constitucionales que, en realidad, constituyen el aterrizaje programático del llamado plan C. El de ayer, en Palacio Nacional, fue (¿alguna vez ha dejado de serlo?) el político en campaña, el generador de promesas y esperanzas convertibles en votos, el encantador de urnas.

El objetivo de los planteamientos presentados ayer en Palacio Nacional es sustancialmente electoral: mover voluntades votantes en torno a consignas de campaña para las cuales se requiere una mayoría calificada en las cámaras legislativas que se elegirán el próximo junio. Con el revés de la medalla, previsiblemente aprovechable: en caso de no conseguirse el plan C, ni la aprobación de las banderas reformistas, se podría cargar el fracaso, el rechazo a aspiraciones populares, a la cuenta negativa de esos opositores que ayer mismo comenzaron a presentar objeciones.

Mientras López Obrador desgranaba su diseño de 20 puntos en la Ciudad de México, en Querétaro la élite conservadora del Poder Judicial de la Federación, por voz del ministro Alberto Pérez Dayán, emitía un discurso de definiciones políticas; podría decirse que de aceptación, de asunción de la pelea política, ideológica e incluso electoral a la que les ha convocado con insistencia el Presidente de la República.

Pérez Dayán, ha de recordarse, es el villano más reciente del catálogo morenista por haber decidido, con su voto de calidad en una sesión de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cancelación de la reforma eléctrica obradorista. El guinda y sus aliados impulsan que dicho ministro sea sometido a juicio político y castigado.

Pues bien, en un juego político nada oculto, la ministra Norma Piña, presidenta de la citada Corte, decidió ausentarse de la ceremonia en el queretano Teatro de la República (a la que tampoco asistió AMLO) y en su lugar envió significativamente al propio ministro impugnado, quien pronunció una apenas disfrazada aceptación del emplazamiento andresino a la batalla por el Poder Judicial.

No se necesita ningún entrenamiento especial para adivinar al tabasqueño destinatario del escarceo retórico del jurisperito susceptible de juicio político. Si en algunos deportes se considera que la mejor defensa es el ataque, en el raciocinio de las togas conservadoras se estimó que el mejor ataque es la defensa del estado de derecho, la sublimación de la Constitución, el lugar común de que nada está por encima de la ley y el rechazo a la política, como si el gobierno y el Estado del que forma parte sustancial el Poder Judicial no fuese justamente una hechura política (en todo caso, el atacante por el flanco derecho, Pérez Dayán, pudo haber rechazado la partidización, no la política).

Xóchitl Gálvez no estuvo en el Teatro de la República ni en Palacio Nacional, sino en Washington, en cumplimiento de un libreto proclive al intervencionismo estadunidense. Recuérdese que el pasado 18 de enero el Instituto Baker de Políticas Públicas dio a conocer sus estimaciones para México, en las que asegura que el partido del Presidente, Morena, espera que el crimen organizado opere a su favor durante las elecciones de 2024 y que el peligro de un conflicto poselectoral es mucho mayor que en 2018 o 2021.

Luego, en esa preparación de terreno, se produjo la milagrosa sincronización en tres medios extranjeros donde se publicó una apolillada y desechada investigación, sin pruebas fidedignas, de una presunta inyección de millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO en 2006.

Hasta desembocar, ayer, en la vergonzosa y descarada invocación de Xóchitl Gálvez a instancias internacionales, en especial Estados Unidos, para que vigilen las próximas elecciones mexicanas en las que el crimen organizado sería la principal amenaza contra lo que la hidalguense idealiza como democracia. ¡Hasta mañana!

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