n un foro organizado en el Instituto México del Wilson Center en Washington, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, hizo una serie de declaraciones lesivas para la soberanía nacional y violatorias de la política exterior mexicana consagrada en la Constitución. La ex senadora panista aseguró que está en el interés de millones de mexicanos que Estados Unidos sea un socio y aliado geopolítico de México, pero que dicha alianza se ve frustrada porque el gobierno populista de México coquetea con Rusia y China.

Denunció una supuesta falta de voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para colaborar con Washington, cuya única prioridad, dijo la aspirante, es mantener a Estados Unidos lejos para seguir concentrando su poder; para eso, fingirá cooperación, pero no cooperará. Tras afirmar que la continuidad de Morena en el poder es garantía de que ni la migración ni el fentanilo, ni ningún otro problema bilateral encontrarán solución de largo plazo, Gálvez azuzó a su auditorio a promover la interferencia extranjera en las elecciones de junio próximo e insinuó que, de vencer en los comicios, volvería a someter a agentes foráneos la energía, la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad del país.

Las palabras de quien trabajó en el gabinete de Vicente Fox y gobernó la alcaldía Miguel Hidalgo son motivo de inquietud e indignación. Los llamados a la injerencia en los asuntos internos de México y las graves acusaciones contra las autoridades nacionales constituyen una intriga cuando se pronuncian en un país extranjero que siempre ha tenido vocación intervencionista y en un foro que reúne a halcones del neocolonialismo y la política imperial del país vecino. Con su discurso, Gálvez Ruiz da argumentos a los sectores más antimexicanos y cavernarios de Estados Unidos para que intensifiquen sus ataques contra el país en un momento particularmente inapropiado, cuando poderosos políticos estadunidenses, para ocultar su inoperancia en la resolución de sus propios problemas, proponen que sus fuerzas armadas bombardeen e invadan México.

Quizá la candidata no se percate de ello, pero su conducta no daña al gobierno federal ni al presidente López Obrador, quienes obtienen una confirmación de su papel como defensores de los intereses nacionales y del histórico anhelo popular de soberanía. En cambio, resulta nociva para México, que deberá afrontar nuevas embestidas de los poderes fácticos ávidos de medrar con los recursos naturales y humanos de la nación. Asimismo, aunque la aspirante de la derecha habla a nombre del fortalecimiento de la relación bilateral, sus desatinos podrían dinamitarla: dado que el gobierno federal tiene el deber indeclinable de salvaguardar la integridad nacional, cualquier transgresión incitada por sus dichos tendría que ser rechazada en los términos más enérgicos.

Con su irresponsabilidad, Gálvez socava la posibilidad de convertirse en titular del Ejecutivo, pues hace gala de una completa ignorancia sobre el sentir mayoritario que emana de la historia nacional. Esta desconexión de una convicción popular tan arraigada como el nacionalismo defensivo probablemente multiplique las expresiones de repudio que ya padece, excepto entre el segmento oligárquico que se enriqueció en sexenios anteriores a expensas del país con la entrega de los hidrocarburos, la industria eléctrica, el agro y muchos otros sectores estratégicos. Ella, por supuesto, es libre de conducir su campaña como crea más adecuado, pero no de atentar contra la nación azuzando intervenciones que siempre han terminado mal para México y peor para sus autores.

El rechazo a tales acciones no es un asunto de preferencias políticas, partidos ni programas electorales, sino de integridad nacional. La candidata y sus asesores deberían ser conscientes de que no hay manera más segura de desgarrar al país y de conducirlo al desastre que envalentonar a las élites que siempre han buscado alianzas en el extranjero para imponer agendas antipopulares.

Así lo demuestra la reciente experiencia del ciclo neoliberal, cuatro décadas en las que la soberanía y el bienestar de la clase trabajadora sufrieron un desmantelamiento sistemático. Ahora, unas cuantas palabras soltadas a la ligera por una política irresponsable pueden tener un costo altísimo para el Estado mexicano, por lo que no cabe sino deplorar el despropósito, llamar a las derechas a comportarse con un mínimo decoro en sus manifestaciones públicas y hacer votos por que las impresentables expresiones comentadas tengan el menor eco posible en la clase política del país vecino.