Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el empleo infantil es un tema central en su agenda, ya que representa la entrada a la informalidad y es (una etapa) cuando la persona empieza a perder sus oportunidades, señaló la directora regional del organismo para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gomes.

En entrevista con La Jornada, señaló que este año la oficina presentará la iniciativa regional para la eliminación del trabajo infantil, lo cual, confió, se puede lograr para transformar nuestra realidad, e incluso incidir en la disminución de la pobreza.

En América Latina y el Caribe, la organización estima que más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, de los cuales 68 por ciento realiza trabajos particularmente peligrosos.

En México, aumentó 14 por ciento entre 2019 y 2022, ya que la población de niños, niñas y adolescentes en esta situación pasó de 3.3 a 3.7 millones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, cuyos resultados fueron dados a conocer en 2023 por el Inegi.

La semana pasada, Ana Virginia Moreira, de nacionalidad brasileña, inició su misión de trabajo en México, su primera visita a un país desde que asumió la dirección regional el 1º de enero pasado.

En la conversación sostenida en la oficina de la OIT en México, indicó que el trabajo infantil requiere de atención estratégica en las distintas cadenas de suministro y de valor, que van desde la agricultura hasta la industria manufacturera, pasando por el turismo y la prestación de servicios que consumen o utilizan millones de personas.

Respecto a la informalidad, señaló que al tratarse de un fenómeno heterogéneo, no existe una receta única para resolverlo, por lo que esta problemática demanda de los Estados políticas focalizadas para cada tipo, desde las trabajadoras domésticas hasta quienes se emplean en las calles.

Para enfrentar este desafío, destacó, la OIT es un aliado importante y en razón de su experiencia tiene la posibilidad de prestar asistencia a los Estados para que desarrollen políticas que tienen la capacidad de alcanzar los diferentes trabajadores informales, y en el camino para construir soluciones con los trabajadores y empleadores, se establece un diálogo social.