La ministra Margarita Ríos Farjat presentará un proyecto de sentencia que está programado para ser votado el próximo septiembre, en el que propone realizar un nuevo entendimiento del artículo 19 constitucional, con el cual todos los jueces, en los casos en que la Constitución ordena la prisión preventiva, procedan a abrir un debate para determinar la aplicación de esta medida cautelar.

De acuerdo con integrantes del Poder Judicial de la Federación, lo anterior podría generar gran cantidad de solicitudes para que se revisen todos los casos en que fue decretada esa medida cautelar, lo que además de producir una carga extraordinaria para los impartidores de justicia y los recursos y audiencias que debe desahogar la Fiscalía General de la República (FGR), existe la posibilidad de liberar a acusados de delitos graves que se encuentran en prisión.

De acuerdo con el proyecto de Ríos Farjat, también se pide que se declaren inconstitucionales otras reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de prisión preventiva oficiosa que entraron en vigor en febrero de 2021.

Este caso se refiere a la acción de inconstitucionalidad 49/2021, relacionada con las reformas al mencionado código y ocho leyes federales relacionadas con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de las fracciones XIV sobre robo a casa habitación, la XVII sobre hurto a transporte de carga y de manera más específica a acciones que se relacionan con sustracción de valores o equipaje.

Este proyecto se analizará en septiembre próximo, al igual que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión referentes al otorgamiento a la Secretaría de la Defensa Nacional del control del Tren Maya; las que limitan la producción de fentanilo y lo relativo a beneficios financieros para poseedores de créditos del Fovissste.

Otros proyectos en los que Ríos Farjat propone invalidar reformas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran las normas que se modificaron en la Ley General de Bienes Nacionales, con las cuales el Estado obtiene mejores condiciones para adquirir o vender bienes.