Además de 31 vinculaciones a proceso, las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México relacionadas con el llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez derivaron en el cateo de 52 inmuebles, 10 fichas rojas tramitadas ante la Interpol y mantiene cinco cuentas bancarias y 59 inmuebles asegurados, en tanto que 10 propiedades más se han entregado como reparación del daño.

El Plan de Política Criminal 2024 que la fiscalía entregó al Legislativo local señala que las investigaciones permitieron identificar el modelo de actuación con el uso indebido de recursos públicos y las atribuciones y facultades que tienen los órganos político-administrativos en materia de desarrollo urbano para realizar actos de corrupción al permitir violaciones a las normas urbanas y de construcción.

Refiere que para evitar que se repita dicho modus operandi la fiscalía permitirá al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México compilar y procesar la información, a fin de identificar las causas que generaron tales hechos de corrupción, además del cauce a sucesivas investigaciones una vez que el Congreso capitalino apruebe la reforma que presentó el Ejecutivo local para tipificar el delito de corrupción inmobiliaria en el Código Penal.

Entre las personas detenidas vinculadas a proceso figura el ex jefe delegacional de Benito Juárez, Christian Von Roehrich –contra quien, en su momento, se emitió ficha roja– y su hermana Sofía; Ismael Isauro Chalico, ex director general de Administración; Nicias René Aridjis, ex director general de Obras, y el ex director jurídico Luis Vizcaíno. Persisten fichas rojas contra Víctor Mendoza Acevedo, ex director de Planeación y hermano del diputado federal Luis Alberto Mendoza, y Emilio Sordo Zabay, ex director de Desarrollo Urbano.

La fiscalía sostiene en su informe que los resultados en esta investigación y en otros casos de corrupción, no hubieran sido posibles si la persona al frente del organismo careciera de integridad, respeto y ética en el desempeño de sus funciones, y es la confirmación de que la persona titular, quien fue designada y nombrada por el Congreso de la Ciudad de México, cumplió con todos los requisitos.

El documento lo dedica, de hecho, a la ex fiscal Ernestina Godoy Ramos, entre todas las víctimas de delitos, principalmente mujeres, pero en el caso de la ex funcionaria como víctima de una injusticia política, al no ser ratificada en su cargo por una minoría que tuvo como objetivo la venganza por exhibir la impunidad como forma de gobierno a la que estaban acostumbrados sus militantes y familiares.

Resalta en la dedicatoria a las víctimas organizadas en 41 colectivos de feminicidios y personas desaparecidas, relacionadas con mil 347 carpetas, quienes trabajaron de la mano con la licenciada Ernestina Godoy para buscar a sus familiares, amigas, amigos y obtener acceso a la justicia. Así como de todas aquellas víctimas que día a día realizan denuncias y que han mostrado su confianza en la institución.