Buenos Aires., El gobierno del presidente Javier Milei, de la ultraderechista La Libertad Avanza, no sólo enfrenta la permanente movilización contra sus planes en esta capital y todo el país, sino que la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU), la ley ómnibus y el ilegal protocolo antipiquetes impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mientras el gobierno enfrenta serias dificultades para lograr en esta semana los votos necesarios en la Cámara de Diputados para sus medidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) envió una nota a los jefes de las bancadas en la Cámara de Diputados, después de que el gobierno no respondió a su pedido de intervenir en el debate, y advirtió que uno de los artículos del protocolo podría terminar legitimando las ejecuciones extrajudiciales.

Esta decisión se tomó previa consulta con los relatores sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, los de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, quienes analizaron la situación en Argentina determinando que artículos de ese protocolo no revisten la compatibilidad con los estándares internacionales, y aconsejaron a la ministra que no imponga restricciones indebidas al derecho de la libertad de reunión pacífica, como señala el periódico Ámbito Financiero.

En su protocolo antimanifestaciones, Bullrich resolvió cobrar multas a las organizaciones sociales y sindicales, añadiendo un proyecto que criminalizaría a los participantes en protestas y a los organizadores, entre otras ilegalidades, por lo cual varios organismos lo denunciaron ante el Acnudh, que envió a una comisión de expertos.

El pasado 23 envió una carta de los relatores en distintos temas del Acnudh para solicitar a los bloques en la Cámara de Diputados la posibilidad de participar en el debate, pero sólo el presidente de la bancada opositora Unión por la Patria (UpP), Germán Martínez, lo dio a conocer intentado que esto se concretara. No le respondieron nunca.

Los tres expertos que trabajaron el documento señalaban que el derecho a la reunión pacífica, junto con otros conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo.

También recordaron a Bullrich que “la observación general 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en este país tiene rango constitucional, recordando que la interrupción del tráfico no constituye violencia y únicamente se habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar a los manifestantes si hay una amenaza inminente de violencia grave.

Los estándares internacionales prevén que la sociedad toda pueda enterarse de las demandas de quienes ejercen este derecho, señala la nota y remarcan que libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio, después de que Bullrich calificó de delito flagrante las protestas y los cortes de calle, lo que le permite ordenar la actuación de las fuerzas de seguridad sin que haya una orden judicial.

La ONU sostiene ante esto que se podría estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal. Para los expertos, considerar toda reunión violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional y señalaron cuáles son las tareas que deberían desplegar las fuerzas de seguridad.

El peligro del uso de armas no letales

Advierten a Bullrich que no debería usar en el protocolo la expresión de armas no letales porque, en realidad, la experiencia muestra que esos dispositivos también pueden matar si se usan de manera indebida; asimismo, se refirieron a una serie de violaciones como la identificación de personas.

Se debería permitir el anonimato de los participantes, señala la nota en el tema del pedido de identificación, incluso la filmación desde distintos ángulos. También el protocolo considera que si una persona migrante es parte de una protesta, las autoridades pueden dar aviso a Migraciones, lo cual, consideran los relatores, es una medida discriminatoria.