A 16 días de que fueron desalojados de sus viviendas que habitaron durante más de 30 años, residentes del edificio de General Anaya 27, colonia Merced Balbuena, no han podido regresar porque se encuentran aseguradas por la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, por un presunto caso de despojo.

En una manifestación que realizaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, señalaron que hasta ahora no se ha podido configurar ese delito, pero no podemos entrar a nuestras casas.

Además, dijeron, existe el riesgo de pasar de víctimas a victimarios y hasta a la cárcel podemos ir, pues con diversas argucias buscan despojarnos de nuestro hogar, como en 2017, cuando intentaron hacerlo, y ahora, el 9 de enero, cuando nos sacaron, explicaron.

Consideraron que el desalojo fue ilegal porque no presentaron ningún documento, y que hay funcionarios de la fiscalía detrás de éste que deben ser investigados, como la agente ministerial Rosalba Lara.

Sobrevivimos en la calle

En tanto las indagatorias avanzan, seguiremos afuera del edificio con niños y adultos mayores, en la calle, donde hemos sobrevivido gracias a la ayuda de vecinos y familiares, quienes nos llevan ropa y comida, manifestaron.

Con el apoyo de algunas cartulinas con las leyendas: Señor jefe de Gobierno Martí Batres, ayúdenos para recuperar nuestro hogar. General Anaya 27, Señor fiscal Ulises Lara, apóyenos para recuperar nuestro hogar, cerraron los accesos al búnker y ambos edificios de Doctor Río de la Loza.

Los entrevistados, quienes solicitaron el anonimato, señalaron que son 50 familias que resultaron afectadas por este desalojo ilegal, que ocupaban alguno de los 30 departamentos distribuidos en los cuatro pisos o uno de los 25 cuartos de azotea.

El dueño del inmueble falleció, pero apareció otra persona y le seguimos pagando la renta, y ahora vienen los de la fiscalía y nos sacan, pero no vamos a permitir que nos despojen de nuestro hogar, comentaron.

Tras una reunión con funcionarios de la Fiscalía de Delitos Ambientales, señalaron que todavía no hay nada en concreto para que nos regresen el edificio, por lo que seguimos en pie de lucha.