En el sistema de justicia penal (SJP), que entró en vigor hace poco más de 15 años, pero que lleva siete de ser de aplicación obligatoria, estamos lejos de contar con el número suficiente de abogados, policías, fiscales y jueces realmente formados en esta manera de afrontar los procesos penales, pues demanda, ante todo, que estos profesionales y operadores posean habilidades de investigación, de lógica inferencial y de argumentación jurídica, indispensables para elaborar una teoría del caso y, lo más importante, evitar el dictado de sentencias erróneas, afirmó Yasmin Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entrevistada en torno al impacto y resultados que ha tenido la puesta en marcha de lo que aún se conoce como nuevo sistema de justicia penal (NSJP), consideró que “es y seguirá siendo perfectible. Es congruente con el pleno respeto de los derechos humanos, además de que, por estar basado en el principio de mínima intervención penal, no sólo se enfoca en aspectos punitivos, sino también abre la posibilidad de aplicar políticas encaminadas a la reconstrucción del tejido social.

Se caracteriza, sobre todo, por tener como columna vertebral el respeto a los derechos fundamentales de víctimas e imputados y de una mayor racionalidad en la impartición de justicia a través de juicios orales, enfocados a la averiguación de la verdad.

–¿Ha funcionado este sistema de justicia para que un proceso se resuelva de manera más expedita?

–Al menos en instancias federales los juicios penales tienen una duración promedio de 434 días, según se desprende del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 del Inegi.

En esto el actual sistema de justicia penal aventaja al anterior, que se caracterizaba por ser lento, altamente burocrático y donde los jueces no siempre atendían todas las audiencias, por lo que no era raro que las personas acusadas pasaran años sin recibir sentencia.

▲ La ministra de la SCJN Yasmín Esquivel considera que la justicia penal necesita profesionales que se adapten a las condiciones del sistema acusatorio y oral.Foto Luis Castillo

–¿El SJP es eficiente, justo, humano y transparente?

–Así nos hace presumirlo; no obstante, la reforma constitucional o la ley por sí sola no transforma a una sociedad, tampoco a los operadores del sistema de justicia penal.

“Insisto en la idea de que todo es perfectible. No es posible asegurar que, en la práctica, el sistema de justicia penal se esté aplicando en los términos que se describen en la Constitución y en la ley.

A diario conocemos historias de personas que han tenido encuentros desafortunados con abogados, policías, fiscales y jueces. Veo muchas asignaturas pendientes.

–¿En qué está fallando el NSJP en el país?

–Según la encuesta del Inegi, del universo de los delitos que sí se denuncian, sólo se abre una carpeta de investigación en 67 por ciento de los casos. Estas cifras revelan que el sistema no está brindado a las personas la protección que requieren en contra de los delitos de los que son víctimas.

“El problema no radica en las normas, sino en otros componentes del sistema que requieren perfeccionarse. El sistema demanda profesionales que abandonen plenamente las prácticas del modelo anterior, que concedía gran peso a la acusación y a las pruebas aportadas por el Ministerio Público para adaptarse a las condiciones del sistema acusatorio y oral.

Lo mismo ocurre con los jueces, pues no basta que sean expertos en la interpretación de la ley de su materia para operar el sistema penal acusatorio, sino que también deben de contar con conocimientos y experiencia en la formulación de inferencias probatorias, que elimine el riesgo de que su criterio se desvíe por alguna valoración de pruebas insuficiente o prejuiciada.

–¿La justicia en México es imparcial?

–No desconozco que existen en la sociedad serios reclamos, pero mi experiencia profesional me permite decir que hay jueces en los poderes locales y federales realmente comprometidos con su labor”.