El empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido en Madrid, España, por participar en una organización delictiva que desvió más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a gastos de inversión en dicha secretaría y que ocultó en Barbados, Panamá y Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que con la ayuda eficiente e inmediata de la Policía Nacional de España, el 31 de diciembre pasado logró la aprehensión con fines de extradición de Jonathan Weinberg, acusado por el Ministerio Público de la Federación de ser uno de los principales cómplices de García Luna en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante triangulaciones financieras con los empresarios estadunidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, integrantes de la familia de García Luna y ex funcionarios de la extinta SSP se adjudicaron obras y servicios que no se cumplieron o entregaron.

La familia de Weinberg Pinto es propietaria de la casa de lujo que el ex secretario mexicano rentaba en Golden Beach, Florida, y también dueña del Grupo Weinberg, empresa con base en Panamá y que tiene nexos con Nunvav Inc. e Icit Private Security, firmas a las cuales la UIF también en su momento les congeló cuentas en México.

García Luna tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, al igual que su esposa y varios hermanos, mandamientos que emitieron jueces federales por delitos cometidos en México, sin vínculo con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos por narcotráfico.

Hace unas semanas un juez de control vinculó a proceso a Gloria García Luna y Édgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino de García Luna, por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por su presunta participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Se les acusa de integrar la red que sustrajo recursos públicos destinados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.