Morelia, Mich., Un juez federal concedió a la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, un amparo provisional para que en su territorio no se aplique en su perjuicio la ley del sistema de seguridad de Michoacán ni tampoco su reglamento, aprobados en julio de 2022.

El amparo 832/223 es contra dicha ley que establece que sólo serán reconocidas las guardias y rondas comunales en las localidades indígenas que tengan autogobierno admitido por el Instituto Electoral y ejerzan presupuesto directo.

La norma también establece la evaluación y certificación de quienes integren una guardia comunal o ronda. Asimismo, con la concesión de la medida cautelar y el reconocimiento de sus usos, costumbres y prácticas culturales, no podrán afectarse los derechos humanos protegidos por la Constitución mexicana, de quienes componen la comunidad indígena o de quienes se relacionan con ella”.

En noviembre de 2021, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que no se permitirá en la entidad la presencia de grupos armados, incluso si se hacen llamar comunitarios o autodefensas, porque ha quedado demostrado que detrás de esos grupos se llevan a cabo actividades ilícitas.

Hace más de un año, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se encargan de desarmar a todas las agrupaciones detenidas con armamento, aunque en los hechos la labor está centrada contra las organizaciones delincuenciales.

La medida cautelar provisional obsequiada por el juez federal ordena al Congreso del estado, al gobernador y a sus secretarios, no aplicar en perjuicio de la comunidad de Ostula dicha ley y su reglamento.

Único pueblo que impugnó

A pesar de tratarse de una reforma legal profundamente regresiva Santa María Ostula es la única comunidad en el estado que impugnó dicha ley por considerarla inconstitucional y contraria a los tratados y convenios internacionales que protegen los derechos indígenas.

La guardia comunitaria de Ostula surgió en 2013, casi a la par que ocurrió en Tepalcatepec y Buenavista. Meses después del levantamiento los líderes del movimiento fueron apresados y tras más de cuatro años fueron liberados, y a decir de autoridades del gobierno federal se confirmó que se cometieron irregularidades graves contra los líderes nahuas.