Madrid. Las principales multinacionales energéticas que operan en España mantienen una pugna abierta con el gobierno de coalición de izquierdas, presidido por el socialista Pedro Sánchez, por los impuestos a los beneficios extraordinarios y por otros gravámenes específicos que pretenden redistribuir las ganancias de estas empresas.

Ante la amenaza de cancelar las futuras inversiones millonarias en el emergente desarrollo de la economía verde, sobre todo en explotación, distribución y generación de hidrógeno verde, el gobierno se mostró dispuesto a corregir o modular su política fiscal en esta materia.

Empresas como Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa, por conducto de su filial en España, Enel, lo advirtieron por semanas: o se eliminan los impuestos extraordinarios, que se aprobaron a raíz de las ganancias imprevistas durante la crisis del precio de los hidrocarburos y la energía en el mundo, en parte impulsadas por la guerra en Ucrania, o replantearán su política de inversiones en España.

En algunos casos, como el de Repsol, la amenaza fue directa, pública y específica. En un encuentro celebrado la semana pasada en la Universidad de Navarra, el presidente de la multinacional, Antonio Brufau, anunció que si persiste este impuesto específico lo más probable es que sus proyectos de inversión en hidrógeno verde, que ascienden a mil 500 millones de euros (29 mil millones de pesos), se los llevarán a Francia o a Portugal, en vez de ejecutarlos en el País Vasco, Cataluña y Murcia.

Si tenemos un impuesto para producir hidrógeno, que no tienen Francia o Portugal, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o Francia. Sobre todo porque es fundamental tener una perspectiva a largo plazo para que las inversiones en el sector energético se desarrollen con tiempo y madurez, afirmó.

El escenario que plantean las grandes multinacionales del sector es que en España no hay certidumbre jurídica y que, por tanto, se produce una desventaja competitiva frente a otros países europeos. Además de exigir una regulación global en el marco de la Unión Europea (UE), que les permita competir en igualdad de condiciones con otros mercados, como el de Asia y América.

De ahí que Repsol haya sido hasta ahora la más directa y contundente en su amenaza, que también se extendió a su filial Petronor, que decidió dejar en el aire la ubicación de una planta industrial de combustible sintético y un electrolizador en el País Vasco por la supuesta falta de seguridad jurídica que sufre España. El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, explicó que esa planta industrial estará en stand-by, porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no sólo amable, sino previsible.

José Bogas, consejero delegado de Enel, también pidió clarificar la regulación para no afectar las inversiones. “Creemos que no tiene sentido per se, porque ya no es una contribución extraordinaria, y no tiene sentido, porque en lo que es la lucha contra el cambio climático, las inversiones que se necesitan son ingentes. Y esas ingentes inversiones que hay que realizar a futuro, si tenemos un impuesto como éste que nos drena recursos, pues nos drena capacidad de inversión”.

Por su parte, Iberdrola decidió concentrar la mayor parte de sus inversiones en esta materia en Reino Unido, donde tiene cada día más penetración e influencia, y además la regulación es más benéfica para sus intereses. Sólo en los próximos cuatro años invertirá casi 14 mil millones de euros (266 mil millones de pesos) en ese país.

El meollo de la crisis es el impuesto extraordinario a los beneficios de la banca y las energéticas, el cual, según el ministerio de Hacienda, el año pasado representó ingresos no previstos por 2 mil 908 millones de euros, pero las presiones de las energéticas parecen estar provocando un viraje. Desde la vicepresidencia tercera del gobierno, presidida por Teresa Ribera, se confirmó que se está analizando la situación para replantear el asunto, lo que supondría corregirlo o modularlo.