n las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará una decisión muy importante para el desarrollo de las ciencias y las humanidades de nuestro país: declarar vigente o no la nueva ley de humanidades, ciencia, técnica e innovación (Conahcyt), que entró en vigor el 8 de mayo pasado. Se encuentran en juego un asunto de forma y otro de fondo. El primero es la impugnación que ha hecho a la ley la oposición al gobierno, aduciendo falta de deliberación democrática.

En otras palabras, que faltó más tiempo para analizar la propuesta de ley en las cámaras de Diputados y Senadores, pero el tema de fondo es mucho más importante y es el relacionado a la continuidad, o no, de la política neoliberal del Estado en este sector, como ocurrió durante 36 años. Esta última cuestión ha sido ampliamente expuesta en diversas ocasiones por María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Conahcyt, a través de la denuncia de que de 2001 a 2018 se destinaron al desarrollo de los programas de investigación de las compañías privadas 45 mil millones de pesos y que en el caso de Kimberly Clark se otorgaron 36 millones para estudiar nuevas tecnologías en pañales, así como millones de pesos a la Nissan para la investigación sobre nuevos colores para carrocería de sus automóviles, entre otros. La pregunta obligada es si se está de acuerdo con que los impuestos de los ciudadanos mexicanos sean empleados de esa manera.

Esta actitud y otras similares son propias de un Estado dependiente, pero existen también otros temas que se prevén en una ley muy detallada, como el desarrollo de ciencia básica, en especial el agregado de una h al antiguo nombre de Conacyt. Esta letra es extraordinariamente importante en la situación en que nos encontramos. Como todos sabemos, vivimos en una crisis humanitaria mundial en diversos sentidos: en el plano internacional estamos presenciando el sacrificio terrible del pueblo ucranio a causa de una lucha hegemónica entre Rusia y Estados Unidos y una no menos terrible matanza del pueblo palestino; en nuestro país presenciamos el viacrucis de los migrantes hacia el sueño americano, a pesar de los enormes sacrificios y riesgos que representa y que implica que la situación en sus países de origen era ya insoportable; también estamos siendo víctimas de la que parece ser una inamovible política armamentística en Estados Unidos, proveyendo a narcotraficantes, con extraordinaria facilidad, las armas más dañinas. De igual forma, vivimos en México los efectos de los desaparecidos y la violencia contra las mujeres y, en otro orden de cosas, nuestros niños, niñas y jóvenes, se encuentran bajo el efecto de la más profunda enajenación que los priva de una conciencia de sí y de las circunstancias en que se encuentran, sometiéndolos a un mundo imaginario y violento.

Es por esta razón que el ciudadano debe contar con armas legales para exigir que el Estado desarrolle una fuerte contraofensiva contra estas formas actuales de enajenación, mediante una educación filosófica y humanística. En este sentido, la nueva ley de Conahcyt implica el fortalecimiento de los aspectos humanísticos de todas las ciencias, así como un fuerte impulso a la ética, la lógica, la estética, el arte, la literatura y en general a todas las disciplinas humanísticas. Todo esto se establece explícitamente en la ley al definir que el Estado está obligado a formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas que implican el apoyo a las humanidades y a la investigación en ciencia básica y de frontera que contribuya al avance del conocimiento en todas las áreas y campos del saber científico, así como a aquella orientada a diagnosticar, prospectar y proponer a las autoridades competentes acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales (fracción I); la participación de los sectores público, social y privado en actividades de investigación humanística y científica; el desarrollo tecnológico y la innovación, sobre la base de programas y proyectos específicos, así como su vinculación corresponsable con universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación nacionales e internacionales y la comunidad en general (fracción X), y también, el desarrollo de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, incluyendo la bioética y otras disciplinas de carácter ínter y transdisciplinario, que permitan analizar y evaluar el progreso científico y tecnológico, así como sus consecuencias en las formas de ser y de pensar de los seres humanos y sus entornos naturales y culturales (fracción XXV).

Por tales motivos sería una gran muestra de humanismo y buen juicio que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluaran el fondo, el significado y la importancia de esta ley.

* Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la UAM-I