urante la presentación de su segundo Informe de actividades, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que tener a un hijo con adicciones es mucho más feo que tener a un hijo con discapacidad u homosexual.

Las palabras del mandatario dejaron estupefacto a su auditorio y generaron una inmediata reacción de condena en redes sociales por la carga de ignorancia y discriminación contenida en la breve frase. El hecho de comparar a quienes padecen una enfermedad (que eso es la adicción, sea a sustancias o a conductas, como en el caso de los ludópatas) con quienes tienen una orientación y unas preferencias sexuales determinadas y con quienes viven con alguna discapacidad, delata una mentalidad retrógrada que no puede tener cabida en una democracia, y mucho menos por parte de un funcionario público. Asimismo, debe recordarse que en México la discriminación, además de resultar inaceptable desde un punto de vista ético, se encuentra prohibida por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y está tipificada como un delito contra la dignidad de las personas en el Código Penal Federal, cuyo artículo 149 Ter sanciona al que atente contra la dignidad humana por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole.

Por si la oración no fuera suficientemente desafortunada en sí misma, el gobernador la enunció nada menos que en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, contexto en que miles de ciudadanos se manifestaron para poner fin a la exclusión y la desigualdad de oportunidades. Los participantes en el acto que tuvo lugar en la Ciudad de México expusieron las dificultades con que se encuentran para acceder a un trabajo digno, y señalaron como principal causa el capacitismo, es decir, el prejuicio de que la ausencia de discapacidad es la norma y su presencia un impedimento para desempeñarse en las actividades cotidianas. No es un tema menor: si el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de una sola persona, con tanta más razón debe movilizarse en favor de los 7 millones 168 mil habitantes que, según el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viven con discapacidad o tienen algún problema o condición mental en el país.

En el caso de la expresión homofóbica, es imperativo remarcar que estas actitudes, además de deleznables, son amenazantes para quienes integran el abanico de la diversidad sexual. Organizaciones no gubernamentales registran que en los últimos cinco años al menos 453 personas han sido asesinadas en crímenes de odio por pertenecer a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual o queer (LGBT+). Además, hay decenas de agresiones y suicidios provocados por la intolerancia, y es obvio que cuando este tipo de discursos se pronuncia desde el poder, se envía un mensaje nefasto de apoyo a los perpetradores y de abandono a las víctimas. También aquí hay un número ingente de afectados potenciales: en 2022, el Inegi contabilizó por primera vez a la población LGBT+, la cual asciende a cerca de 5 millones de personas, 5.1 por ciento de los habitantes de 15 años o más.

El mandatario sinaloense debe ofrecer una disculpa pública, pues sólo de esta manera podrá iniciarse el desagravio hacia los millones de ofendidos directamente y el conjunto de la sociedad, que no puede recibir con indiferencia esta detestable falta de respeto.