La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un primer informe sobre las posibles sedes para la realización de dos de los tres debates presidenciales que se realizarán en la Ciudad de México en 2024, pero el documento recibió diversos señalamientos por parte de consejeros y representantes de partidos políticos, ya que no da cuenta de los costos ni se observa la valoración de instituciones públicas.

Las 12 sedes evaluadas fueron el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México y Santa Fe, Grupo Imagen, Centro Cultural Roberto Cantoral, Quarry Estudios, Centro Citibanamex, World Trade Center o Pepsi Center, Expo Santa Fe, Universidad Panamericana, El Gran Hotel de la Ciudad de México, Estudios IP9 y el Palacio Metropolitano.

En sesión ordinaria, Carla Humphrey, consejera presidenta de la citada comisión, explicó que algunas de las sedes fueron consideradas porque voluntariamente se ofrecieron a ser recinto de los debates, como es el caso de Grupo Imagen y el Tec de Monterrey y aclaró que otras, aunque fueron tomadas en cuenta, declinaron participar, como el Centro de Convenciones de la UNAM, Universum y el Palacio de Bellas Artes.

Deficiencias en los documentos

En la revisión del documento, la consejera Dania Ravel destacó el hecho de que no se presentaran los costos de la renta de los inmuebles, ni la posible inversión para cubrir las adaptaciones necesarias.

Tras la discusión, la Comisión acordó que se presentara otro informe con costos y nuevas sedes.

Más tarde, en sesión extraordinaria, la comisión aprobó el anteproyecto de acuerdo con los formatos para los debates. El documento aún deberá ser discutido y, en su caso, aprobado por el Consejo General del INE.

Se presentaron tres propuestas diferentes de formatos. Se señala que en dos debates habrá dos moderadores y en uno serán tres, y habrá preguntas ráfaga, y preguntas seleccionadas de redes sociales.

En el primer debate se prevé aborden temas de educación y salud; transparencia y combate a la corrupción; no discriminación y grupos vulnerables.

En el segundo de empleo, inflación, cambio climático, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad.

En el tercero política social; inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior; democracia, pluralismo y división de poderes.