El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron ayer revisar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores a través de un procedimiento que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las partes pactaron un procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas (...) a diversas personas que aspiran a postularse como candidatos en las elecciones presidenciales de 2024, dice un comunicado de Noruega, el país mediador en la negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana.

El gobierno venezolano podría permitir que progresen las apelaciones de las inhabilitaciones en los tribunales como una forma de cumplir parcialmente con las demandas de Estados Unidos, dijeron fuentes a Reuters esta semana.

La ganadora de las primarias presidenciales de la oposición, María Corina Machado, tiene prohibición para ejercer cargos públicos.

Tras el acuerdo de Barbados en octubre, el gobierno venezolano liberó a cinco presos políticos, pero no ha habido nuevas liberaciones desde entonces.

El acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición se conoció luego de que un vocero del Departamento de Estado señaló que Washington reiteró su amenaza de reconsiderar las medidas que adoptó el mes pasado para aliviar las sanciones a Caracas si Maduro no cumple con ciertos compromisos antes de la fecha límite que fue ayer.

La recuperación del levantamiento parcial de las sanciones estadunidenses marcaría un cambio importante respecto al nuevo enfoque del presidente Joe Biden hacia Venezuela, que se anunció en respuesta al acuerdo firmado entre el gobierno de Maduro y la oposición del país para celebrar elecciones en 2024.

La administración de Biden reiteró que transmitió a la república bolivariana que debía, a finales de noviembre, definir medidas para levantar inhabilitaciones a candidatos de la oposición, comenzar la liberación de presos políticos venezolanos y también de estadunidenses injustamente detenidos, añadió el portavoz.

En el levantamiento más significativo de las sanciones de la era de Donald Trump, Washington emitió una licencia general de seis meses para el sector de petróleo y gas de Venezuela y una segunda licencia general que autoriza las operaciones de la compañía estatal de oro Minerven, y además eliminó la prohibición sobre la negociación en el mercado secundario de bonos soberanos venezolanos.