Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano aseveró que en el continente nos encontramos ante una situación de emergencia compartida por varios países por la disponibilidad indiscriminada de armas de fuego, lo que debe ser atendido y enfocarse en el papel que tienen las empresas privadas en potencializar las posibles violaciones a derechos humanos.

La canciller Alicia Bárcena aseguró que la región ha sufrido de forma particular las consecuencias de la violencia armada y que la proliferación de las armas de fuego en manos de civiles, sólo puede entenderse a raíz de un tráfico transfronterizo desregulado, que tiene consecuencias como la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal.

En una audiencia por la solicitud de opinión consultiva sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en violaciones a derechos humanos, que realizó México, expuso que en el caso del país, las estimaciones indican que cada año se trafican ilegalmente al país 200 mil armas de fuego.

En un videomensaje, resaltó que este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo, ya que en México la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada.

Frente al pleno de la CoIDH, presidido por Ricardo Pérez, la secretaria de Relaciones Exteriores también destacó que la violencia armada tiene un impacto diferenciado en grupos vulnerables como las mujeres, los menores de edad y la población de la diversidad sexual.

Indicó que esta realidad debe ser considerada por la Corte para que analice las consecuencias y determine cuáles son las obligaciones de las empresas de armas privadas y de los Estados en cuyas jurisdicciones realizan sus actividades.

En la audiencia en Costa Rica, participaron algunos de los 64 países, organizaciones internacionales y nacionales, instituciones educativas y expertos que enviaron observaciones sobre el tema propuesto por el Estado mexicano.

Entre ellos estuvieron funcionarios de Bolivia, Colombia y Estados Unidos. Mientras los dos primeros respaldaron la posición de México, el último señaló que este asunto no es apropiado para una opinión consultiva. Es una disputa bilateral (entre México y Estados Unidos) encubierta, aseveró y señaló que los estados en general no pueden ser considerados responsables bajo el derecho de los derechos humanos por la conducta de actores privados.

Sarah Hunter, asesora jurídica de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, expuso que los actores criminales en México no son participantes pasivos en la violencia con armas de fuego.