a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF Janine Otálora Malassis realizó una fuerte denuncia de las técnicas complejas mediante las cuales los partidos políticos recurren a herramientas legales para ocultar el uso indebido de recursos, a las que calificó de cáncer para la democracia.

Aseguró que los aparentes actos lícitos en los que se usan aportaciones en efectivo o especies de personas morales y sociedades anónimas para encubrir a los verdaderos apostantes ponen en evidencia esfuerzos sistemáticos y cuidadosamente diseñados para evadir la ley.

Por último, arremetió contra los complejos esquemas de financiamiento ilegal, que son una terrible afrenta para la legitimidad democrática, pues significan que pequeños grupos cupulares se organizan y ponen a disposición recursos con la única finalidad de imponer su voluntad frente a las mayorías electorales.

La magistrada ha insistido en este tema durante los meses recientes: en junio pasado, se pronunció por evitar que en paralelo a un sistema constitucional y legal camine un sistema ilegal o paralegal inventado por las y los actores políticos que finalmente se traduce en un fraude a la ley.

Otálora Malassis tiene razón en todas sus aseveraciones. En efecto, los esquemas opacos mediante los que los partidos se allegan recursos adicionales a los asignados por el Estado para llevar adelante las campañas electorales distorsionan la voluntad popular y desvirtúan la democracia.

El problema radica en lo que la magistrada guarda silencio en que la erosión de los valores democráticos comienza desde el diseño del sistema político-electoral, que convierte el dinero en la base de cualquier intento de acceder a un cargo de elección y crea todo un ecosistema de negocios en torno a los comicios, en los que la deliberación ciudadana es desplazada por una pléyade de despachos de consultoría, agencias de mercadotecnia, fabricantes de mercadería, asesores de imagen y otros que confunden el ágora con un supermercado.

Asimismo, la funcionaria omite el papel central del TEPJF en el surgimiento y la perpetuación de las prácticas que denuncia.

En los momentos decisivos, los integrantes de la sala superior de ese organismo han demostrado estar muy lejos de la imparcialidad y el apego irrestricto a la ley que sus delicadas responsabilidades les exigen.

Ella misma se vio severamente cuestionada en 2018, cuando decidió validar la elección estatal de Puebla pese a las escandalosas evidencias de que el gobierno panista había echado mano de todas las artimañas seña-ladas por Otálora y de muchas otras, así como de una violencia política que canceló el estado de derecho.

Al final, su voto favorable al panismo no tuvo efecto, porque la gobernadora electa Martha Érika Alonso Hidalgo falleció en un accidente aéreo antes de tomar posesión, pero la magistrada perdió la confianza de sus colegas y renunció como presidenta del tribunal en enero de 2019.

El panorama no ha mejorado desde entonces. Después de un periodo turbulento en el que la presidencia del TEPJF rotó por varias manos, los magistrados eligieron líder a Reyes Rodríguez Mondragón, quien trabajó para los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Con este último formó parte de la Secretaría de Gobernación y posteriormente fue coordinador de asesores de Roberto Gil Zuarth, secretario particular del mandatario.

Queda claro que, para lograr los loables objetivos enarbolados por la magistrada Otálora, el primer paso es emprender una limpieza profunda del Tribunal Electoral a fin de garantizar la verdadera independencia de sus integrantes y dotarlo de la legitimidad de que ha carecido en las coyunturas clave de la vida política mexicana.