Panamá. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional un polémico contrato-ley minero entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), decisión que, según analistas, llevaría al cierre de la mayor mina a cielo abierto en Centroamérica en la que se preveía extraer cobre en una zona boscosa por al menos 20 años más.

Miles de panameños festejaron el fallo, dictado el día en que el país canalero conmemora su independencia de España, en una de las principales avenidas de la capital. El presidente Laurentino Cortizo prometió un proceso de cierre "ordenado y seguro" de la mayor mina de cobre en Centroamérica, en un mensaje al país.

La aprobación del contrato minero por el Congreso, el 20 de octubre, desató las mayores protestas desde la caída del general Manuel Noriega provocada por la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, que semiparalizaron al país por más de un mes y dejaron pérdidas superiores a mil 700 millones de dólares, según gremios empresariales.

Activistas celebran el fallo

Este es un triunfo para los panameños y panameñas, consolida a la Corte Suprema como una guardiana de la constitucionalidad del país, señaló el abogado y ambientalista panameño Rodrigo Noriega.

El secretario general del sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez, advirtió que las protestas seguirán hasta el cierre de la mina.

La multinacional dijo en un comunicado que desde el inicio ha operado con transparencia y estricto apego a la legislación panameña.

La compañía Minera Panamá, subsidiaria de FQM, aseguró que también ha escuchado el clamor popular y que por tal razón se mantendrán atentos al diálogo constructivo que permita definir un curso de acción que satisfaga ese clamor y los intereses y expectativas legítimas de la inversión.

El gobierno canadiense dijo que respetaba el fallo y seguía de cerca la negociación del contrato. En un correo electrónico, Jean-Pierre J. Godbout, portavoz del Departamento de Asuntos Globales, dijo que el ejecutivo espera constantemente una solución acordada beneficiosa para todas las partes.

Las protestas estallaron después de que el Congreso aprobó el nuevo contrato, que fue rubricado después de que en 2017 la Corte Suprema declaró inconstitucional el acuerdo original de 1997. FQM argumenta que la mina genera 50 mil empleos, aporta 5 por ciento del PIB y el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, 10 veces más que el acuerdo inicial.

La mina produce desde 2019 unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan 75 por ciento de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2 mil 500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales.

Los activistas afirman que la mina daña severamente el ambiente. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la activista sueca Greta Thunberg han hecho referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales. En un intento por minimizar el descontento, el Congreso aprobó una suspensión indefinida de las concesiones mineras y dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.

La empresa, que ha invertido en Panamá más de 10 mil millones de dólares, notificó antes al gobierno su intención de presentar demandas arbitrales, al amparo del Tratado de Libre Comercio Panamá- Canadá de 2013. Algunos expertos creen que para el gobierno es más fácil defender su postura tras el fallo, ya que podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato.