Los procesos penales para que un feminicida o agresor familiar o sexual sea sentenciado pueden tardar de dos a cinco años en promedio, tiempo en que las víctimas y sus familiares son citados a 10 a 20 audiencias que son difíciles y profundamente dolorosas, aseveraron abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Luego de que la organización analizó 19 casos, según expuso Verónica Garzón, los años que lleva el proceso penal incluyen desde la presentación de la denuncia hasta que se obtiene una sentencia condenatoria, pero no se considera la parte posterior relacionada con los tribunales de alzada y amparos, lo cual puede tomar dos o tres años más.

Indicó que las sentencias que se han obtenido por violencia sexual llegan en promedio a nueve años de prisión, igual que en delitos relacionados con violencia familiar. En cuanto a los feminicidios, es de 54 años, y de 30 años por desaparición.

La investigación también arrojó que una de las principales violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares gira en torno a las reparaciones del daño que decreta la autoridad judicial, ya que en la mayoría de los casos estudiados de ninguna forma se cumplen los estándares internacionales en la materia.

En la presentación del sitio web ¿Una sentencia es sinónimo de justicia?, Magdalena Velarde, madre de Fernanda Sánchez, asesinada en el estado de México por quien era su esposo, en 2014, señaló que cuando se vive una situación así es muy difícil obtener justicia. Agregó que en esta lucha también fueron ultimados sus hijos Daniel y José Alberto.

Resaltó que en las audiencias tenemos que escuchar cosas que nos lastiman, por ejemplo: cuando sus asesinos se expresan de nuestras hijas de forma cruel o cuando los testigos de ellos intentan culparlas de su propia muerte.

Enfatizó que las sentencias condenatorias no son sinónimo de justicia: es un logro muy importante, una forma de cerrar un ciclo, pero nunca será suficiente.