l sistema capitalista, desde la primera división internacional del trabajo ha profundizado las asimetrías económicas y la desigualdad en el conjunto de los países en los que se fue instalando. Se conformó una economía mundial que articula regiones desarrolladas (centrales) y regiones subdesarrolladas (periféricas). Esa configuración regional al cabo de los años se mantiene; la prueba son los nuevos conceptos que surgen y que definen la misma relación, sur global y norte global, y la misma asimetría económica. Con el modelo neoliberal esas asimetrías económicas llegaron a su máxima expresión, una de sus consecuencias han sido los enormes contingentes de migrantes forzados en el mundo. Migraciones forzadas cuyas causas son la pobreza a la que hay que entender no sólo como falta de ingresos, sino ausencia de empleo, salud, educación, inseguridad, insuficiencia alimentaria. Como señala Naciones Unidas, pobreza es consecuencia del incumplimiento del derecho al desarrollo y son los gobiernos los que tienen la obligación de respetarlos, protegerlos y hacerlos cumplir pero, lamentablemente, muchos han optado por abandonarlos.

Los gobiernos origen de los migrantes forzados han aplicado un modelo trabajo exportador formado por los excedentes laborales que van de la periferia al centro. Satisfacen las exigencias y necesidades de los mercados laborales internacionales, son altamente rentables en razón de las diferencias en el costo laboral unitario, sin olvidar que gracias a esos migrantes se subsanan las graves carencias demográficas que los países desarrollados enfrentan. Con la salida de la población se convalida un modelo a todas luces violatorio de los derechos al desarrollo y hace casi imposible el derecho a la inmovilidad para permanecer en su lugar de origen (Gaudemar).

Muchos países han intentado de manera democrática romper con esa subordinación y asimetría económica y detener el despojo de sus pueblos impulsando proyectos de desarrollo, reformas agrarias y enfrentar la corrupción. Sin embargo, suelen ser atacados violentamente, tanto por la injerencia de poderes extranjeros, léase Estados Unidos, como por las élites corruptas internas que, incrustadas en el poder, utilizan todos los recursos ilegales para evitar perder sus privilegios, sus obscenas riquezas y su extendida corrupción. El caso de Guatemala requiere toda la atención, país marcado por enormes flujos migratorios, injusticias flagrantes, masacres, marginación, profunda pobreza, en el que autoridades corruptas, magistrados, ministerios públicos, policía, están dispuestos a evitar por todos los medios ilegales posibles y con acusaciones simplemente absurdas e inadmisibles que el ganador democráticamente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión en enero próximo y así impedirle que haga efectivo el derecho al desarrollo.

En este marco es meritorio que el gobierno mexicano haya convocado a 10 naciones de América Latina y el Caribe con el fin de acordar acciones conjuntas para enfrentar los crecientes flujos y alentar medidas para atender las causas estructurales del éxodo. La reunión se celebró en Palenque y atendieron al llamado los presidentes de Honduras, Xiomara Castro; Cuba, Miguel Díaz-Canel; Colombia, Gustavo Petro; Venezuela, Nicolás Maduro; el primer ministro de Haití, Ariel Henry, así como cancilleres y viceministros del resto de las naciones. Se firmaron 13 acciones conjuntas y se señaló al comercio y la inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico. Se trata de instituciones claves que deben reformularse porque a través del comercio internacional se ha profundizado la dependencia y la desigualdad con mínimos beneficios para los países subdesarrollados al convertirlos en zonas francas para las grandes multinacionales.

La integración latinoamericana es el camino correcto, y con la victoria de Javier Milei en Argentina es más urgente en la medida en que este personaje encarna justamente la violación de todos los derechos, el reforzamiento de modelos excluyentes y de marginación social y, por tanto, un seguro promotor de migraciones forzadas.