Lunes 20 de noviembre de 2023, p. 26
Ciudad Juárez, Chih., Las diputadas Rosana Díaz Reyes y Regina Bujanda Ríos, de Morena y el PAN, respectivamente, buscan por separado crear mecanismos de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa en la entidad, e incrementar las penas. Lo anterior, a consecuencia del crimen del fotoperiodista Ismael Villagómez perpetrado la semana pasada.
Díaz Reyes, comunicadora y legisladora de Morena por Juárez, presentó una iniciativa a fin de expedir la ley para la protección integral de periodistas y trabajadoras de la prensa en Chihuahua.
Explicó que intenta abrir un foro en el cual discutir una norma particular ante las circunstancias de los periodistas y se tiene la oportunidad de iniciar una coyuntura para la mejor protección del periodismo, de la prensa y sus familias, porque cada comunicador al que le es arrebatada la vida deja dolor en sus parientes y es un atentado a la libertad de expresión y a la vida democrática de México.
La panista Bujanda Ríos presentó una iniciativa por la que busca endurecer las sanciones en casos de amenazas a periodistas cuando el autor sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, busca dar un paso significativo en la protección de la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción en el país.
Diputada apoya duplicar penas por amenazas
Por lo anterior, la propuesta es modificar el Código Penal del estado a fin de que las penas por amenazas a comunicadores se dupliquen cuando el autor sea un funcionario público, y alcance en los casos más graves hasta 15 años de prisión.
Esta reforma es importante para garantizar la seguridad de los periodistas
, precisó la legisladora durante su exposición de motivos. Añadió que los comunicadores son esenciales para una sociedad democrática y es nuestro deber protegerlos
.
Agregó que información nacional establece que ocho de cada 10 informadores han denunciado intimidaciones o amenazas en al menos una ocasión, por la publicación de sus notas, las cuales resultan incómodas para alguien. Asimismo, 77 por ciento han sido objeto de acoso; 65 sufrieron amenazas; 34 padecieron violencia física y 29 por ciento fueron privados de su libertad.