Ginebra. Un alto el fuego humanitario es necesario para que pueda llegar ayuda para los 2.2 millones de personas atrapadas en el conflicto israelo-palestino en Gaza, instó Martin Griffiths, coordinador de Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de la Organización de Naciones, en la Asamblea General de la ONU.

Llámenlo como quieran, pero el requisito, desde un punto de vista humanitario, es simple: detener los combates para que los civiles puedan desplazarse con seguridad, expuso el funcionario. Den a la población de Gaza un respiro de las terribles, terribles cosas que se le han impuesto estas semanas, suplicó.

La ONU presentó un plan de 10 puntos, entre los que destacan un flujo de ayuda continuo, más puertas de acceso a Gaza, ingreso suficiente de combustible, imprescindible para distribuir la ayuda y mantener viva a la gente.

No son viables las zonas seguras de Israel

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la actual propuesta israelí de la llamada zona segura es insostenible porque ni es segura ni viable para el número de personas que la necesitan.

En este contexto, cinco países solicitaron a la Corte Penal Internacional una investigación sobre la situación en el Estado de Palestina, anunció el fiscal de este tribunal, Karim Khan, quien confirmó su indagatoria sobre crímenes cometidos desde el sangriento ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

La solicitud procede de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti. Sudáfrica y el pedido se hizo a fin de garantizar que la CPI preste atención urgente a la grave situación en Palestina, señaló Khan.

La CPI ya tiene una investigación en curso sobre la situación en el Estado de Palestina por presuntos crímenes de guerra desde el 13 de junio de 2014, lo que “abarca conductas que pueden constituir delitos tipificados en el Estatuto de Roma cometidos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

La Corte Penal puede actuar

Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción. Sin embargo, la CPI puede hacer pesquisas sobre ciudadanos de estados no miembros en determinadas circunstancias, en especial cuando se alega que se han cometido crímenes en los territorios de los países miembros. La geografía palestina figura entre los miembros de la CPI desde 2015.