l presidente español en funciones, Pedro Sánchez, alcanzó acuerdos con siete formaciones políticas hasta sumar 179 sufragios en el Congreso de los Diputados, suficientes para ser investido de nueva cuenta. El bloque que presentará su candidatura el miércoles está integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al cual pertenece el mandatario, la coalición de 15 partidos de izquierda Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya (JxCat), EH-Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Galego, así como la Coalición Canaria. Votarán contra el Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro, que controlan 171 escaños.
La integración del gobierno permanecía trabada desde las elecciones del 23 de julio, en las que el PP fue el más votado, pero no obtuvo el respaldo necesario para llegar a La Moncloa ni en solitario ni junto al neofascista Vox. La clave para destrabar esta parálisis pasó por arduas negociaciones del PSOE con los partidos regionales, incluidos los que buscan que sus comunidades obtengan mayor autonomía o independencia completa del Estado español. A cambio de su apoyo a la relección de Sánchez, JxCat exigió que primero se enviara al Congreso una iniciativa de ley de amnistía que anulara los procesos contra todos los políticos catalanes perseguidos por el referendo de autodeterminación y la declaración de independencia de 2017, requisito cubierto el domingo.
El envío de la propuesta de reforma y la inminente investidura del jefe del Ejecutivo constituyen un avance de la pluralidad y la modernidad sobre la camisa de fuerza que supone el marco institucional creado durante la mal llamada transición a la democracia, que en los hechos fue una carta de impunidad absoluta a los crímenes del franquismo, incluidos los de lesa humanidad. La Constitución, las instituciones y el sistema político surgidos de ese vetusto acuerdo cupular dieron al Estado español un cariz centralista y españolista, dentro del cual es imposible tramitar de manera democrática y civilizada las legítimas demandas de las naciones que nunca se han sentido a gusto dentro del reino forjado por la corona castellana. Pero el camino a la democracia no es fácil, y los acuerdos tejidos por Sánchez han desatado una virulenta respuesta de la muy amplia derecha española.
Durante 10 días, miles de personas se han manifestado frente a las sedes del PSOE para expresar su repudio a la salida negociada del conflicto catalán y exigir que se mantenga la criminalización de la disidencia política. Antier, cientos de miles de personas salieron a las calles de ciudades de toda España en rechazo a la amnistía. En todos estos actos se han hecho presentes banderas y símbolos franquistas y neonazis, así como consignas misóginas, homofóbicas, islamófobas y otras que vinculan la identidad española al más atrasado conservadurismo.
Cierto es que el pacto de investidura no es perfecto (por ejemplo, permite a la rica Cataluña desplegar una política fiscal egoísta e insolidaria en la que da la espalda a regiones más pobres), pero está claro que en una democracia han de primarse los acuerdos y rechazarse con firmeza el uso del sistema judicial como arma de coerción política. El gobierno que, si todo sale bien, emergerá del voto parlamentario del jueves 16 se verá enfrentado a retos formidables, desde la delicada situación económica hasta el golpeteo incesante de las derechas, pasando por las dificultades inherentes a una alianza con tantos integrantes, cuyos programas son inevitablemente disímiles. Para mantener en pie esta administración y conjurar el asedio de la reacción será imprescindible anteponer el bien mayor a los intereses de grupo, cuidar la unidad y negociar de manera permanente con altura de miras.
