Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone amparar a una asociación civil para que se reviva al fideicomiso para ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas o se cree un fondo similar que garantice que se dedique a este propósito cuando menos 0.014 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El amparo fue promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e impugna las modificaciones al artículo 132, fracción I de la Ley General de Víctimas, que eliminaron el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual era manejado mediante un fideicomiso que fue liquidado.

“Durante la actual administración federal se impulsó una revisión de fideicomisos públicos que derivó en una serie de reformas legales, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de noviembre de 2020. Sin embargo, algunos fideicomisos públicos servían para materializar políticas públicas relevantes”, señala la asociación quejosa en su demanda.

Como prueba, afirman que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emitió la circular CEAV/AJF/DG/DAVD/DA2/000575/2020 admitiendo que no tiene recursos para el pago de las indemnizaciones autorizadas en dictámenes de procedencia.

El caso llegó hasta la SCJN, donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone otorgar el amparo y declarar la inaplicación de esta reforma debido a que afecta a las víctimas y es violatoria al principio de progresividad de los derechos humanos.

El amparo se otorgaría con la finalidad de que los recursos económicos que se destinen para la garantía financiera de las medidas de apoyo y de reparación integral del daño, con fundamento en la Ley General de Víctimas, bajo ningún supuesto sean inferiores a la cantidad que corresponda a 0.014 por ciento del gasto programable en el PEF del año inmediato anterior.

Este proyecto está programado para votarse el miércoles próximo en la primera sala y de aprobarse sería la segunda ocasión que la SCJN revierte la desaparición de un fideicomiso, luego de que en agosto pasado declaró inconstitucional la liquidación del Fidecine.