La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al ayuntamiento de Puebla por la explosión de una toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán, el 31 de octubre de 2021, que afectó a 265 habitantes, tras acreditar que las autoridades omitieron llevar a cabo acciones coordinadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal, así como para proteger las viviendas y los bienes de las familias que viven en esa colonia.

Refirió que Pemex y el ayuntamiento tuvieron conocimiento de la fuga de gas, por lo que, en coordinación con el cuerpo de bomberos de Puebla, tomaron las medidas de seguridad en el área y a desalojar a los habitantes de la colonia mencionada. Sin embargo, la situación hizo crisis y se produjeron diversas explosiones que causaron la muerte a una persona y lesiones a 11 más.

Indicó que a partir del análisis de las evidencias, corroboró que las autoridades no actuaron con la debida diligencia para adoptar las providencias necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía por construcciones irregulares.

Además, la CNDH consideró que Pemex, Pemex Logística y el gobierno de la capital de Puebla incumplieron sus obligaciones de prevenir riesgos y cerciorarse de la existencia de condiciones de habitabilidad y seguridad para las viviendas construidas sobre el sistema de ductos conductores de gas licuado de petróleo y su derecho de vía.

Por ello, pidió que se proceda a la inmediata reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas y a su primer círculo familiar, así como a 11 indirectas, deudos de cinco personas fallecidas. Igualmente, deberán realizar un censo de muertos y lesionados.