El número de quejas relacionadas con la contienda federal del 2 de junio de 2024 no deja de crecer. En lo que va del año, la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) ha abierto mil 84 expedientes por presuntas infracciones comiciales, de las que 82.4 por ciento corresponden a actos anticipados de precampaña y campaña.

A lo anterior se agregan otros expedientes por temas diversos promovidos en días recientes, como el de Movimiento Ciudadano (MC) contra las reglas de paridad para las gubernaturas.

El pasado 24 de octubre, el Consejo General del INE aprobó por mayoría (10 contra uno) el acuerdo por el cual ordena a los partidos postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve entidades donde se elegirá gobernador, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el recurso que analizará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), MC alega que el INE violó el debido proceso y los principios de legalidad y certeza consagrados en el artículo 41 constitucional, entre otros aspectos.

Por tanto, pide a los magistrados de la sala superior revocar en su totalidad (el proceso), por la grave violación en que incurrió la autoridad responsable al transgredir las reglas de procedimiento establecidas en el reglamento de sesiones del Consejo General del INE. Uno de los aspectos es que tras una votación fallida, el instituto volvió a discutir y finalmente aprobó el acuerdo sin someterlo a consideración de las comisiones unidas respectivas.

Se van dos magistrados del Tribunal Electoral

En cuanto a las quejas a escala general, la mayoría por actos anticipados, la sala especializada del TEPJF resolverá el fondo, mientras el tema de paridad recaerá directamente en el criterio de la superior, máxima instancia de decisión en materia electoral, que desde ayer opera con cinco de sus siete integrantes, luego de la conclusión del periodo de Indalfer Infante y José Luis Vargas.

Si bien el TEPJF hace quorum con la asistencia de cuatro magistrados, y por tanto no está en riesgo su operación, toca al Senado resolver el asunto de las vacantes, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le entregó las dos ternas, una integrada sólo por hombres y otra por mujeres. A ese trabajo pendiente del Legislativo se añade también cubrir la consecuente vacante que dejó Gabriela Villafuerte en la sala regional especializada, así como otros espacios de cinco salas locales del TEPJF. Igualmente, faltan designaciones en más de la mitad de los tribunales estatales electorales del país.

La relevancia de la sala superior estriba en que sus decisiones son definitivas e inatacables, y entre sus principales funciones está la de calificar (validar) la elección de la Presidencia de la República. Para la sentencia que será emitida en septiembre próximo, la norma marca que deben ser seis los magistrados presentes. En el eventual caso de que el Senado todavía no decidiera, para esa sesión se llamará al magistrado decano de las salas regionales.