El Instituto Politécnico Nacional (IPN) habría incurrido en un probable daño al erario por 18.2 millones de pesos, debido a una serie de pagos realizados a 26 trabajadores que no acudieron a laborar por ser representantes sindicales y no tramitaron la debida licencia sin goce de sueldo, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la segunda entrega de informes individuales correspondientes a la cuenta pública 2022, la entidad revisora hizo un estudio sobre la forma en que el IPN realizó sus erogaciones en el rubro de servicios personales.

Documentó que la institución educativa incurrió en diversas fallas al pagar a un grupo de trabajadores que realizaron labores sindicales, y que por ende tendrían que haber solicitado una licencia sin goce de sueldo.

Dos de esos trabajadores recibieron 451 mil 499 pesos, pese a que no registraron su asistencia por ser representantes gremiales en 2022. De igual forma, otros siete empleados con puestos administrativos de tiempo completo y 17 con cargos académicos de tiempo completo recibieron 17 millones 749 mil pesos, también sin tramitar licencia sin goce de sueldo.

La ASF señala que dicha irregularidad pudo deberse a la falta de control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos del IPN en el registro de asistencia del personal. Indica que estas fallas significan incumplimiento de diversas leyes, entre ellas la General de Educación Superior y las federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Trabajadores del Estado.

En el mismo estudio, el organismo fiscalizador descubrió que en un total de 285 expedientes de personal, el IPN no integró la información y documentación requeridas referentes a los datos generales de identificación, domicilio, experiencia o nivel de escolaridad, capacitación, nombramientos, conflicto de intereses, compatibilidad de empleos y constancia de no inhabilitación.

En otros 30 casos, el expediente no contenía la documentación que acreditara la escolaridad del empleado y tampoco se encontraron registros en el portal de cédulas profesionales de la SEP, por lo que no acreditaron el requisito de tener una licenciatura.

Asimismo, se documentó que tres trabajadores no cumplieron con el perfil del puesto, ya que su título de licenciatura no contó con la antigüedad requerida.