Los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) renunciaron de forma unánime al cargo conferido por el Senado.

En un comunicado, afirmaron que su trabajo ha sido obstaculizado por la titular Rosario Piedra, incluso al extremo de ignorarlos por completo, además de haber recibido amenazas y calumnias, no sólo en los espacios de este órgano ciudadano, sino con recursos, personal y medios de la CNDH, lo que incluye sus redes sociales.

“Hemos diferido con la presidenta desde simples interpretaciones a procedimientos internos, tales como el significado del quorum, la mayoría de votos, el conflicto de intereses en la contratación de personal, hasta negarnos facultades para hacer una simple modificación al orden del día de las sesiones del propio consejo.”

En el documento firmado por Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Ángel Trinidad Zaldívar y Georgina Diédhiou Bello, reiteraron que desde el comienzo de su encomienda han tratado de aplicar lo que dice la ley en la materia, que les otorga la atribución de establecer los lineamientos generales de actuación de la CNDH. Sin embargo, manifestaron que no han podido mediar ni razonar con la presidenta prácticamente en ninguna de las actuaciones que ha realizado.

Agregaron que casos extremos han sido la no emisión de recomendaciones generales, que pareciera haber sido para no incorporar nuestras observaciones, así como la publicación de posicionamientos públicos sobre los derechos humanos donde la presidenta decide manifestarse exactamente en sentido contrario a lo unánimemente aconsejado o incluso desatender resoluciones adoptadas por la mayoría del consejo en asuntos de su competencia exclusiva.

Recordaron que los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH no reciben salario ni remuneración económica y que pagan su propia transportación local, nacional o internacional para asistir a las reuniones ordinarias.

Para los ahora ex consejeros, el organismo que debiera ser autónomo pareciera atender a intereses diversos a los de la defensa y protección de los derechos humanos, y renuncian por los múltiples obstáculos que nos han hecho imposible cumplir con la noble función que nos fue encomendada.