La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clasificó como confidencial la información sobre las denuncias que ha recibido por el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel y argumentó que se trata de un proceso abierto, por lo que revelar estos datos crearía una percepción negativa sin que se haya definido si es o no responsable de alguna irregularidad.

El Comité de Transparencia del máximo tribunal contestó de esta manera a una petición sobre la información de la cantidad total de quejas, denuncias o cualquier otro recurso promovido ante esta Suprema Corte por cualquier persona y por cualquier medio en relación con las acusaciones del plagio presuntamente cometido por la ministra.

Dicha instancia recurrió primero a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la SCJN, que contestó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 113, fracción I, que es al pleno de ministros al que corresponde resolver los casos que involucran a uno de sus integrantes, por lo cual se remitió la petición a la Secretaría General de Acuerdos del máximo tribunal.

Dicha secretaría contestó en el oficio SGA/E/311/2023 que, con base en las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, todo lo referente a la existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa, denuncia o queja contra una persona física son considerados parte de la información personal.

Concierne y está vinculada directamente con esa persona y, por ende, implicaría hacer pública información confidencial.

La respuesta que da la SCJN a esta solicitud concluye que el solo pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de posibles recursos vinculados con quejas o denuncias por los hechos mencionados en la solicitud implica un riesgo razonable de afectación a la persona que ahí se menciona, por la posibilidad de que se generen juicios de valor paralelos o anticipados en algún entorno de su vida, laboral, profesional, social o personal, lo que podría derivar en una forma de maltrato social injustificado, además del posible daño a sus derechos de debido proceso y presunción de inocencia.