La adopción del sistema penal acusatorio en México ha resultado ser un retroceso en la aplicación de la justicia y ha lesionado el principio de presunción de inocencia, aseguró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz Ahlf.

Señaló que desde 2007, cuando era directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la buscaron representantes de la embajada de Estados Unidos en México para pedirle su opinión sobre la aplicación de ese método en nuestro país.

La reforma fue hecha en Estados Unidos y aquí se hizo incluso una especie de concurso para que la cabildearan, se aprobara y vieran su aplicación. Y en esto, en varias ocasiones ha sido ganadora la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés).

En entrevista con La Jornada, afirmó que el gobierno estadunidense tenía especial preocupación en dos temas: la migración y las extradiciones, pues preveían que el crimen organizado y el narcotráfico se agravarían y sin nuevos instrumentos legales la situación sería insostenible.

Misma reforma que hay en otros países

Como académica acudió en esa época a una reunión de universidades jesuitas en Cali, Colombia, y al conversar con colegas de otras naciones se dio cuenta de que los mismos cambios legales eran promovidos en toda la región. La misma reforma la tenemos, pues, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, o sea es igual, idéntica.

Desde entonces, advirtió que el problema de esta reforma es que no había un sólido marco legal para garantizar la presunción de inocencia sin el cual un sistema acusatorio no podría ser efectivo.

“¿Y por qué lo digo? Porque en el anterior sistema, imperfecto como se quisiera, por lo menos antes de detener a una persona tenías que comprobar los elementos de prueba, el tipo penal, si no no se dictaba orden de formal aprehensión. O sea, se tenía que estipular todo: el imputado, qué delito había cometido, todos los elementos, las pruebas etcétera.

Con el nuevo, por una presunción se detiene a la persona, ni siquiera se le comprueba el delito y ya después se libra la orden de aprehensión y sencillamente pues ya estás detenido. ¿Y se supone que eso es más garantista?”, dice con ironía.

–¿Entonces fue un retroceso?

–Total, es como yo les dije a mis alumnos: “De tin marín de do pingüé, ¿quién va a ser el responsable esta vez?

La ministra Ortiz argumentó que el sistema acusatorio ha dado pie a la fabricación de testigos o indicios falsos, pues para obtener una orden de aprehensión sólo se tiene que señalar la posible comisión de un delito, incluso sin precisar el tipo penal específico.

“Los datos arrojan que a quienes la fiscalía finalmente consigna son a los que detienen in fraganti, cometiendo el delito, al 99 por ciento. Sólo el uno por ciento es detenido porque hubo investigación previa.”

Explicó que aunque la reforma requirió mucho dinero y capacitación, sobre todo de los operadores de justicia y los policías, descuidó la formación de personal clave, como los agentes del Ministerio Público y los peritos, por lo que al final, al entrar en operación el sistema acusatorio, no estaban totalmente preparados, se los comió el tiempo.

Advirtió que ahora, tras años de vigencia, este sistema no ha dado los resultados que se esperaban, pues se aplicó sin conocer la realidad de nuestro país y sus efectos ahora impactan negativamente en la administración de la justicia, sobre todo para los más vulnerables.