l gobierno federal denunció penalmente a Grupo México, del tóxico barón Germán Larrea, por incumplimiento en la remediación ambiental por el derrame (6 de agosto de 2014) de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, que contaminó 270 kilómetros de territorio y afectó a ocho municipios con alrededor de 25 mil pobladores, en lo que fue calificado como el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México. Y no se trató de un accidente -como quiso venderlo el corporativo– sino de negligencia de la empresa.

Es una tétrica historia no sólo de contaminación, sino de cómo ha sido posible que los barones de este país se hayan mantenido impunes a lo largo de los años, gracias a la connivencia con de los gobiernos neoliberales, es decir, el manto protector de una autoridad –que debería ser la primera en sancionarlos– al servicio de los poderosos.

Desde el momento mismo del derrame tóxico, Grupo México intentó ocultar el hecho y mintió, pero por la magnitud de la contaminación le resultó imposible negarla, aunque pretendió evadir su responsabilidad al atribuir el hecho a las lluvias excepcionales que se registran.

El gobierno de Peña hizo como que le exigía a Larrea (mediante la creación del Fideicomiso Sonora, con 2 mil millones de pesos), y éste hizo como que atendía el reclamo. La única preocupación del barón fue que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente levantara (y lo hizo) la clausura de Buenavista del Cobre (antes Minera Cananea), causante del ecocidio. Lo demás fue circo y propaganda, porque nada remedió y la zona afectada se mantiene altamente contaminada.

La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, ayer presentó un informe sobre este caso, y un elemento que sobresale es que Grupo México, mediante el Fideicomiso Río Sonora, gastó cuatro veces más en propaganda (estrategia de comunicación, la llamó) que en cuestiones de salud de la población afectada por el derrame de tóxico. Para la remediación, el gobierno peñanietista y Grupo México establecieron un compromiso de un monto por 2 mil millones de pesos, en cuatro ministraciones de 500 millones. Sólo hicieron dos, mil millones en total.

Para los efectos, se formó un comité técnico para aprobar los gastos del fideicomiso. Lo encabezó el entonces subsecretario de Política Ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo, y resulta que de los mil millones 28.6 millones (supuestamente para la compra de tinacos) se canalizaron al Colegio de Ingenieros Ambientales de México, fundado por… Rodolfo Lacy Tamayo.

Con los recursos del fideicomiso sólo se adquirió una planta potabilizadora de agua en Bacanuchi, lo que más urgía a la gente: se inauguró en marzo de 2015 y sólo operó dos años, porque no hubo suficiente dinero para pagar la energía eléctrica, y también porque no hubo formación o capacitación, o acompañamiento técnico para que alguien se hiciera cargo del manejo de dicha planta, detalló albores.

Algo más: fuera del fideicomiso, Grupo México financió nueve plantas potabilizadoras: cinco fijas y cuatro móviles; de estas solamente operó una durante un mes; ¿por qué?, porque después no hubo la energía eléctrica suficiente para echarla a andar, pero tampoco dinero para que alguien se encargara de las plantas. Y esto se realizó entre Conagua-Grupo México; en ese tiempo estaba el señor Víctor Hugo Alcocer Yamanaca, subdirector general técnico de junio 2015 a diciembre 2019. Casualmente, hoy es empleado de Grupo México.

El primer día de diciembre de 2016, explicó Albores, la Semarnat (entonces a cargo de Rafael Pacchiano Alamán) determinó que el fideicomiso logró su objetivo y que Grupo México cumplió con la remediación (lo mismo dijo la Profepa en enero 2017) y deciden su cierre. Y todavía Nacional Financiera regresó 77 millones de pesos al corporativo (que sólo puso la mitad de lo originalmente comprometido).

Además, la Semarnat peñanietista desapareció toda la documentación del caso. Dijo albores: “no encontramos recibos; le entregó a Grupo México 73 cajas y no se quedó con ninguna copia, ni documental ni digital; ni siquiera podemos tener el expediente completo. Ellos dicen “ya cumplimos’. Pero no: el ambiente sigue contaminado –agua, aire, suelos– y hay gente enferma”.

De ese tamaño la remediación y la complicidad del gobierno peñanietista.

Las rebanadas del pastel

Entonces, la denuncia penal debe incluir a los ex funcionarios involucrados. Y las que faltan para Larrea.

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