a titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, informó ayer que desde hace dos meses se presentó una denuncia penal contra Grupo México por su incumplimiento en la remediación ambiental del desastre causado el 6 de agosto de 2014 por la negligencia con que la empresa operaba la minera Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora. De los 2 mil millones de pesos comprometidos para subsanar los daños ocasionados a la vida silvestre y humana por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos al río Sonora, se invirtió menos de la mitad, y la empresa incluso logró que le reintegraran 77 millones de pesos gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal también dictaminó, en febrero de 2017, la extinción del fideicomiso formado para financiar los trabajos de mitigación, pese a que entonces como ahora era claro que la empresa había evadido todas sus obligaciones.
Entre las acciones que el conglomerado del magnate Germán Larrea debió llevar a cabo se encuentra la instalación y operación de nueve plantas potabilizadoras, de las cuales sólo operó una entre 2015 y 2017, mientras otra apenas funcionó por un mes y luego se abandonó por falta de electricidad. El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto fue tan complaciente con Grupo México que la Semarnat de entonces le entregó 73 cajas de documentos del expediente del caso sin conservar copias físicas ni digitales. El encargado de supervisar el funcionamiento de las plantas, el ex subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Víctor Hugo Alcocer, hoy es empleado de Grupo México.
Casos como éste, en que existe un flagrante conflicto de intereses, podrían haberse evitado con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estableció un candado para impedir que los altos funcionarios públicos sean contratados, en un plazo de 10 años, por las empresas a las que vigilaron o regularon durante su paso por la administración pública. Sin embargo, ese mecanismo para acotar la violación ética conocida como puerta giratoria fue derogada por la SCJN. La sentencia que facilita el tráfico de influencias y estimula la corrupción de los servidores públicos fue elaborada por la hoy ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández.
Por otra parte, grupos ambientalistas exigen una sanción ejemplar para Monterrey Energy Pipeline (MEP Energy) por haber construido un gasoducto, nueve plantas de licuefacción de gas natural e instalaciones para licuar gas mar adentro sin contar con los permisos necesarios. En franco desafío a la ley, la empresa continuó las obras después de que la Semarnat rechazó su manifestación de impacto ambiental y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le negó el permiso para el parque industrial de Navojoa, Sonora. Ante estas violaciones al marco legal, resulta inexplicable que el secretario de Desarrollo Económico de la entidad, Gerardo Valdivia, minimice las acciones de la compañía y le dé carta blanca para operar infraestructuras edificadas sin la adecuada supervisión, máxime cuando se trata de proyectos cuya naturaleza conlleva grandes riesgos y exige los mayores estándares de calidad y confianza.
Sería lamentable que MEP Energy, como antes Grupo México, quede impune gracias a la connivencia del Poder Judicial. Las autoridades en materia ambiental y de procuración de justicia deben desplegar todos los recursos institucionales a su alcance para evitar la repetición del quebranto al equilibrio ecológico, a la salud humana y al erario que supuso la conducta criminal del consorcio de Larrea.
