Nueva York. En sus dos décadas como soplón profesional en el mundo de las drogas, Jorge Hernández fue un maestro de la traición.

Mintió a sus supervisores, amenazó con desenmascarar a otros informantes e incluso admitió haber matado a tres personas durante sus días como traficante de cocaína. Pero una y otra vez, aprovechó sus amplios contactos en el mundo del narcotráfico para sobrevivir, evitar pisar la cárcel y seguir ganando dinero.

Hernández ha dado la vuelta a las cosas de nuevo, esta vez contra la misma agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que lanzó su lucrativa carrera como solucionador de problemas para traficantes, fiscales y abogados defensores por igual. Y ha entregado su trofeo más explosivo hasta el momento: dos agentes veteranos de la DEA acusados de conspiración por soborno de 73 mil dólares, cargo relacionado con la filtración de información sobre investigaciones de drogas en curso.

Hernández, hombre fornido y calvo conocido como Boliche, hizo grabaciones secretas para la FBI y se espera que desempeñe un papel clave este mes en el juicio federal en Manhattan contra los ex supervisores de la DEA Manny Recio y John Costanzo Jr. Es un caso que amenaza con exponer la parte más sórdida de la DEA, que ha visto cómo al menos 18 de sus agentes son acusados o condenados por delitos desde 2015, muchos de ellos por tener una relación inapropiada con los informantes.

En este mundo hay un círculo ferozmente competitivo de costosos abogados defensores en Miami a los que se hace referencia con ligereza como la barra del polvo blanco. Su actividad comercial no consiste tanto en los puntos más finos de la ley, sino en luchar por conseguir que capos sean sus clientes, antes de que siquiera seque la tinta en sus acusaciones, y así negociar acuerdos de rendición y convertirlos en cooperadores del gobierno.

Es un mundo en el que informantes como Hernández prosperan al comerciar con información –a quién se acusará y cuándo–, dijo Steven Dudley, cofundador de Insight Crime, centro de investigación enfocado en Latinoamérica.

Él es un elemento esencial en un sistema corrupto que trabaja para presentar casos y ganar dinero, explicó Dudley.

Cuando se presentan los casos, todos ganan, agregó. “Los narcos reciben sentencias más cortas y se quedan con parte de sus ganancias, los fiscales y agentes obtienen ascensos y los abogados se quedan con una fortuna. La única perdedora es la justicia”.

Una vergüenza más

Este caso es sólo otro bochorno para la DEA, tras el arresto de un destacado agente en Colombia que lavó dinero para los cárteles y gastó generosamente en joyas de Tiffany y viajes VIP, y otro que fue acusado de aceptar 250 mil dólares en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York.

El papel central de Hernández en el último caso surgió de una revisión que la agencia The Associated Press hizo de cientos de registros judiciales, algunos de los cuales nunca han sido revelados públicamente, y de entrevistas con 12 funcionarios en activo y retirados, familiarizados con su carrera como informante confidencial, incluidos varios que hablaron bajo condición de anonimato, dada la sensibilidad del asunto.

Los abogados de Recio y Costanzo han expresado su preocupación en documentos judiciales sobre los antecedentes penales de Hernández, en particular por las tres personas que admitió haber matado antes de convertirse en informante. Pero los fiscales insisten en que es confiable y señalan registros bancarios y llamadas telefónicas intervenidas que aseguran que corroboran su testimonio.

Sólo porque alguien ha cometido delitos no significa que descartemos de inmediato todo lo que dice, explicó el fiscal federal adjunto Sheb Swett a un juez, a principios de este año.

Ni la DEA ni el Departamento de Justicia respondieron a las solicitudes de comentarios. Hernández colgó cuando Ap lo contactó.

Llama al servicio al cliente del Departamento de Justicia, respondió más tarde en un mensaje de texto. Allá tienen toda la información que deseas.

Ascenso criminal

Los registros judiciales muestran que Hernández, de 56 años, comenzó su ascenso criminal en la década de los 90, al despachar enormes cargamentos de cocaína para las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar que luego se transformó en una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo.

En 2000, después de que supo que había una orden para asesinarlo, huyó a la vecina Venezuela, donde fue arrestado por la policia. Después de pagar un soborno para su liberación, se acercó a la DEA para convertirse en informante.

Según todos los indicios, Hernández demostró ser experto en ayudar a elaborar casos, y desarrolló una reputación de ofrecer resultados, pero también un comportamiento agresivo hacia amigos y enemigos por igual.

Los agentes se volvieron tan dependientes de la red de más de 100 informantes de Hernández en toda Latinoamérica y el Caribe, que le proporcionaron un teléfono y un escritorio en la sede en Tampa, Florida, de la Operación Panamá Express, grupo de trabajo federal antinarcóticos que combina recursos de la FBI, la DEA, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

No obstante, personas familiarizadas con el pasado de Hernández aseguran que la suerte se le acabó en 2008, cuando fue grabado al amenazar con exponer a informantes federales como soplones, a menos que le pagaran por su silencio. Los registros judiciales muestran que la DEA rescindió abruptamente su acuerdo de cooperación y él regresó a Venezuela.

Pero cuando se cerró una puerta, se abrió otra. A pesar de haber sido excluido como informante, Hernández se mantuvo en estrecho contacto con la DEA y en 2016 conoció a Costanzo, quien supervisaba a los agentes en Miami que investigaban al empresario colombiano Alex Saab, presunto intermediario de dinero del presidente venezolano, Nicolás Maduro. En algún momento, Hernández también recibió transferencias de dinero en nombre de Saab desde cuentas en el extranjero y fue excluido del caso, de acuerdo con personas cercanas a la investigación.

Cooperar con la FBI

Poco después, Hernández comenzó a cooperar con la FBI en Nueva York, que tenía su propia investigación sobre Saab. Esta vez su pago no fue en efectivo, sino en intentar evitar que él mismo fuera expuesto.

En 2017, Hernández conectó a Saab con Bruce Bagley, experto en narcotráfico de la Universidad de Miami. A instancias de Hernández, Bagley recibió 3 millones de dólares de cuentas controladas por Saab en los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Luego transfirió el dinero a Hernández, según los fiscales, creyendo que sería remitido a los abogados estadunidenses de Saab, quienes negociaban en secreto un acuerdo para que éste se volviera contra Maduro.

Pero el profesor admitió quedarse con una comisión de 10 por ciento y en 2021 fue condenado a seis meses de prisión por lavado de dinero.

Personas familiarizadas con el caso declararon a Ap que, en 2021, Hernández también fue acusado –en un caso bajo reserva– del mismo esquema de lavado de dinero, y eso pudo haberlo empujado a seguir cooperando.

Los documentos judiciales muestran que, a principios de 2019, bajo la dirección de la FBI, Hernández grabó conversaciones con Recio, así como con Luis Guerra, abogado de Miami, en las que discutieron el reclutamiento de personas ligadas con las investigaciones de la DEA como clientes, utilizando información confidencial supuestamente proporcionada por Costanzo. Recio se había retirado hacía poco de la DEA y trabajaba de investigador privado con Guerra y David Macey, otro abogado.

Recio es señalado en la acusación de hablar cientos de veces por un celular desechable que compró a Costanzo para, presuntamente, coordinar búsquedas ilegales en bases de datos criminales. A cambio, Recio habría dirigido compras por 73 mil dólares a Costanzo, incluidos boletos de avión y el pago inicial de un condominio. Los fiscales no alegaron en la acusación que los abogados estuvieran al tanto de esos obsequios.

También estuvieron bajo escrutinio conversaciones entre Recio y Costanzo sobre planes confidenciales de la DEA en 2019 para arrestar a otro cliente potencial. César Peralta era un traficante de alto nivel en República Dominicana que pudo eludir la captura durante más de cuatro meses, a pesar de una búsqueda masiva que involucró a 700 agentes del orden, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso.

La tarea de contactar a los sospechosos de drogas para dirigirlos hacia los abogados de su elección fue asignada a Hernández, a quien supuestamente se le prometió una generosa parte de los honorarios legales.

Los fiscales declinaron decir si algún abogado ha sido o será acusado. Los defensores de Recio y Costanzo no respondieron a solicitudes de comentarios.

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