Apopa. Con fusiles, cascos y chalecos antibalas, unos 4 mil militares y policías cercaron ayer parte de las ciudades salvadoreñas de Apopa y Soyapango para capturar a pandilleros por orden del presidente Nayib Bukele, quien mantiene una guerra contra las bandas criminales.

Desde la madrugada, 3 mil 500 soldados y 500 policías han establecido tres cercos de seguridad en Popotlán y Valle Verde, en Apopa; y La Campanera, en Soyapango, publicó el mandatario en la red social X.

Apopa, de 131 mil habitantes, ubicada 13 kilómetros al norte de San Salvador, ha tenido fuerte presencia de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, al igual que La Campanera, populosa comunidad de Soyapango, en la periferia noreste de la capital, adonde en diciembre ya se desplegó un cerco militar, ahora reforzado.

Soldados vigilan los puntos de acceso a los barrios para evitar fugas, mientras policías van de casa en casa, piden documentos de identidad y hasta contratos de viviendas o escrituras de propiedad, pues muchos pandilleros invaden las casas.

Habitantes de la zona siguieron sus labores cotidianas, mientras soldados y policías patrullaban las calles. Los militares se apostaron incluso en un pequeña iglesia en Valle Verde, y en la entrada a Popotlán la policía estableció un retén de control de vehículos, constató un periodista de la agencia Afp.

En los barrios todos saben quiénes son los pandilleros, normalmente identificados con tatuajes y algunos ya fichados por la policía.

La MS-13 y la Barrio 18 operan en esas zonas con sus dos facciones: Sureños y Revolucionarios.

Bukele aseguró que la operación –ya realizada en los últimos dos meses en otras ciudades– forma parte de la fase extracción del Plan Control Territorial, que se ejecuta desde 2019 con el fin de poner tras las rejas a los miembros de esas violentas pandillas.

No vamos a detenernos hasta capturar al último terrorista (pandillero) que quede, subrayó Bukele.

En respuesta a una escalada de la violencia atribuida a las pandillas que dejó 87 muertos en un fin de semana, Bukele declaró en marzo de 2022 una guerra contra esas bandas, amparado en un régimen de excepción cuestionado por varios organismos de derechos humanos.

En 18 meses más de 73 mil personas han sido detenidas.