A pesar de los avances en materia legal, normativa y presupuestal, en el país persiste una situación generalizada de desapariciones e impunidad casi absoluta en los casos, reiteró el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Ante ello, pidió al Estado mexicano poner en práctica urgentemente una política de prevención y erradicación de esta problemática.

Tras el diálogo con representantes del gobierno durante su 25 periodo de sesión de septiembre pasado, manifestó también preocupación por el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ya que no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales.

En el informe de seguimiento a las recomendaciones que emitió en abril de 2022 –después de su visita a México en noviembre de 2021–, aseveró que la actualización no está siendo ejecutada por las autoridades competentes en materia de búsqueda, sino por otras instancias; no cuenta con una metodología clara y transparente, ni con mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas, en cuya implementación se han denunciado actos de revictimización, como señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos.

En este sentido, pidió al Estado asegurar transparencia en la metodología usada para la actualización del registro, garantizando la fiabilidad de los datos recopilados y que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con independencia e imparcialidad.

El Estado también debe establecer mecanismos que garanticen la participación de los colectivos de víctimas y medidas para evitar su revictimización y proteger la seguridad de la información contenida en el registro, expuso.

En el documento difundido ayer, el comité igualmente se refiere a la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia; manifiesta preocupación por la renuncia de los tres miembros del Comité de Impulso a la Justicia y la falta de recursos necesarios para su operación.

Asimismo, señala el limitado acceso a los archivos de las fuerzas militares, donde el equipo de investigadores ha realizado trabajo de campo y búsquedas, así como las dificultades para el análisis pericial de la documentación recuperada de dichos archivos, al igual que la ausencia de colaboración de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales con la Comisión para el Acceso a la Verdad.

En sus observaciones finales, señala que en el país hay una crisis forense, ya que, de acuerdo con la información que recibió, 89 por ciento de los 53 mil 347 cuerpos y/o restos humanos almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense permanecieron sin identificar en 2022.

Apunta que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense no ha logrado ninguna identificación, pese al tiempo transcurrido desde su establecimiento en marzo de 2019. Además, han renunciado seis de los siete integrantes de su grupo coordinador y es insuficiente la vinculación del mecanismo con familiares y colectivos de las víctimas.

Respecto a la CNB, manifiesta preocupación por la falta de un titular y la ausencia de Consejos Ciudadanos de Búsqueda en 19 estados.