En respuesta al creciente uso ilícito de drones por parte de la delincuencia organizada, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló ayer la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para sancionar con prisión de 20 a 53 años el uso de aeronaves pilotadas a distancia para crear alarma, terror o atentar contra la seguridad nacional, así como con fines de espionaje o extorsionar a las autoridades o particulares.

La reforma prevé también cárcel de 10 a 20 años para quien ataque a la población o sus bienes con drones cargados con explosivos o con químicos que por sí solos o combinados sean susceptibles de ser empleados como explosivos y, cuando el artefacto pertenezca o ataque a las fuerzas armadas, la pena será de hasta 30 años.