Madrid. El rey Felipe VI, en su calidad de jefe del Estado español, y tras una breve ronda de consultas con los grupos parlamentarios, encomendó al líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que proponga ante el Congreso de los Diputados su investidura para la relección.

Sánchez, quien quedó segundo en los comicios del 23 de julio, por detrás del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, tendrá que sumar los votos de estos cinco partidos para sacar un nuevo gobierno: la coalición de izquierdas de 15 partidos integradas en Sumar, los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya, los independentistas vascos de EH-Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG).

El líder del PSOE ha lanzado tres sesiones para conformar un gobierno a lo largo de su carrera, dos que fracasaron y una con la cual obtuvo su cargo actual. La futura investidura no tiene fecha de celebración por deseo expreso del nuevo candidato y de la presidenta del Parlamento, la también socialista Francina Armengol.

Felipe VI explicó en un comunicado que Sánchez, al igual que hizo el primer candidato, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la cámara, correspondiendo al Congreso de los Diputados decidir si otorga o deniega la confianza al candidato propuesto.

Núñez Feijóo protagonizó la semana pasada una sesión de investidura que no logró sacar adelante, al obtener sólo 172 votos frente a los 176 que exige la mayoría absoluta. Sánchez, con 121 diputados de su partido, y los previsibles 31 de la coalición Sumar (todavía por confirmar), alcanzaría 152 apoyos, todavía muy lejos de la mayoría.

En la última legislatura tanto EH-Bildu (seis diputados), como el PNV (cinco) y ERC (seis) se han convertido en socios parlamentarios de preferencia del gobierno, con lo que se da por hecho su apoyo, a pesar de que las negociaciones todavía tendrían que fructificar; sin embargo, aun con los votos a favor de esos partidos, Sánchez todavía está lejos de la mayoría, al sumar 169, de ahí que los seis escaños de JxCat resultan indispensables.

Las negociaciones se complican, sobre todo porque desde el nacionalismo catalán se fijaron dos exigencias irrenunciables: una ley de amnistía que beneficie a todos los procesados por participar en la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017, y que el futuro presidente del gobierno se comprometa a trabajar para la realización de un referendo de autodeterminación.

Sin pronunciar las palabras amnistía o referendo, Sánchez aceptó desde el Palacio de La Moncloa la encomienda, y reconoció que tiene mucha tarea por delante para convencer a sus potenciales socios, sobre todo a los dos partidos catalanes, que en una moción parlamentaria acordaron acudir al diálogo sólo con la misma hoja de ruta y exigencias.

Respecto del referendo, Sánchez aclaró: lo he dicho siempre, y no sólo porque no lo contempla la Constitución, sino porque es contrario a lo que he defendido siempre con mi palabra y con mi acción. Lo que quieren los catalanes es pasar página y provocar un rencuentro con el conjunto de la sociedad española.