Puerto Príncipe., Arengados por su pastor, el 26 de agosto pasado feligreses de la iglesia Piscine de Bethesda salieron a las calles de Canaán, región periférica del norte de Puerto Príncipe, para movilizarse en contra de las matanzas y la violencia de la banda que controla ese barrio construido de manera improvisada por personas que perdieron sus hogares en el terremoto de 2010. Los pandilleros abrieron fuego contra ellos con un saldo de al menos 10 muertos, más de una decena de heridos y varios secuestrados, cuyo destino es incierto a la fecha.

Marie P. –nombre ficticio– vive en Canaán. Este es un país que no nos ofrece nada, dijo a La Jornada unos días después de la enésima masacre ejecutada por pandilleros que tienen secuestrados amplios territorios de la capital haitiana, entre 50 y 70 por ciento de la ciudad, según distintas organizaciones.

Estamos escondidos, los bandidos quemaron nuestras casas y no tenemos un hogar para vivir, relató Marie, que se ha convertido en una de las cerca de 200 mil personas desplazadas internas en la capital haitiana que se refugian en escuelas, parques o con familiares.

A las afueras de la maquiladora en la que trabaja, ubicada en el Parque Industrial Metropolitano, donde gana el salario mínimo, el cual equivale a unos 4.3 dólares al día, narró que destina su sueldo a mantener a sus hijos, pagar la renta y el transporte. Este último le consume a veces hasta tres dólares diarios, pues, como otros habitantes de Puerto Príncipe, no sólo paga a los transportistas, sino también a las bandas que le exigen cuotas para cruzar las zonas que controlan.

Las fronteras entre los territorios de los gánsteres y las zonas seguras son invisibles, pero se deben conocer porque quienes pasan por una región en poder de los pandilleros se exponen a ser asaltados, secuestrados o asesinados. Es común que los locales se comuniquen cada día con sus familiares y amigos para saber si es seguro salir de casa o qué camino está libre para volver.

Las recomendaciones de seguridad de las embajadas para ciudadanos extranjeros son no visitar el país o hacerlo con fuertes medidas de protección. La embajada de México sugiere, por ejemplo, limitar los desplazamientos y, si se decide salir, conseguir un vehículo blindado y una escolta armada.

Durante una visita de siete días realizada durante los últimos días de agosto por este diario a invitación de organizaciones populares, fue posible observar que las barricadas levantadas en Puerto Príncipe durante el peyi lok (país bloqueado, en créole), el estallido social que convulsionó al país a finales de 2019, han sido sustituidas por las del Bwa kalé, iniciativa de autodefensa con la que grupos de residentes intentan enfrentar las incursiones de las bandas.

El tronco de un árbol tendido en el pavimento, montones de escombros, restos de un automóvil quemado que bloquea el acceso a una calle o corta por la mitad una avenida anuncian que en esa zona está activo el Bwa kalé, que literalmente significa madera raspada y que se ha materializado en cientos de linchamientos ejecutados por vecinos, algunos apoyados por la policía.

G9 versus G-PEP

En los últimos meses, los grupos criminales han expandido sus territorios en Puerto Príncipe. Desde los límites de Petion Ville, comuna donde se asientan hoteles, embajadas y casas de familias acomodadas, es posible observar en laderas asentamientos de la zona metropolitana y el humo de las casas incendiadas por las bandas, que frecuentemente cometen masacres como la de Canaán.

Según un informe de la ONU, al menos 3 mil 494 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas en los seis primeros meses del año por la acción de alrededor de 200 pandillas que hay en Puerto Príncipe, muchas de éstas agrupadas en dos federaciones: G9 y su rival G-PEP.

G9, que agrupa a nueve de las bandas más sanguinarias, fue creada en 2009 y su líder Jimmy Cherizier, alias Barbecue, es un personaje cuya notoriedad molesta a muchos haitianos: convoca a conferencias de prensa que tienen más cobertura mediática que cualquier otro evento público y apenas el 19 de septiembre encabezó una manifestación para demandar la salida del primer ministro Ariel Henry. En agosto dijo en una de sus conferencias que acepta el ingreso al país de una fuerza internacional porque se requiere reactivar la vida Haití, pero advirtió que se enfrentará a ella en caso de que ésta cometa algún abuso.

El pandillero fue recientemente sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que lo señaló de amenazar la estabilidad y la paz de Haití. Estas mismas acusaciones han sido hechas en los últimos meses por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá contra distintos políticos haitianos, como el presidente del Senado, Joseph Lambert, a quien la administración de Joe Biden sancionó por cooperar con las bandas y abusar de su cargo para participar en actividades corruptas y violaciones a los derechos humanos.

Los lazos entre gobernantes y gánsteres han quedado en evidencia en distintos momentos, como en abril de 2020, cuando Joseph Jouthe, entonces primer ministro, reconoció en una rueda de prensa que tenía contacto con los líderes de las bandas, que éstos tenían su número telefónico, que le llamaban y él les contestaba. Y en vivo le prometió a un jefe gansteril que le llamaría por la noche.

La Conferencia Episcopal de Haití denunció a mediados de septiembre que las bandas armadas cuentan con el apoyo de las autoridades públicas y otros sectores de la nación, y acusó al gobierno de inacción y el silencio cómplice ante el terror que imponen a la población.

Integrantes de agrupaciones pertenecientes a la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos y de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití narraron a este diario que, si bien las bandas tenían poder desde hace años, fue a partir de 2017, con el gobierno de Jovenel Moïse y el debilitamiento institucional de ese periodo, cuando ampliaron su presencia, sus territorios y la violencia, además de que comenzaron a ser utilizadas como grupos de represión.

Fue en ese lapso cuando se creó la federación G9, que según los activistas tiene como objetivo perpetuar el régimen del Partido Haitiano Tèt Kale, actualmente en el poder. La violencia que ejerce no sólo impide cualquier expresión política, sino que, en caso de que se convoque a elecciones, cientos de colegios electorales serían instalados en los territorios que controla.