Organizaciones en defensa de los migrantes acusaron al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, de buscar enterrar la tragedia y evadir su responsabilidad penal por la muerte de 40 migrantes en la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo pasado. Recordaron que la investigación en su contra sigue abierta, pero a dos días de celebrarse una audiencia –señalaron– el funcionario propuso una solución alterna al juez de control, Víctor Mario Hernández, a cargo del caso, quien tomará la decisión de aceptarla o no.

El Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access México, Derechos Humanos Integrales en Acción y Fundación para la Justicia puntualizaron que esa vía legal –reconocida por el Código Nacional de Procedimientos Penales– permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra, a través de dos opciones: una de ellas, a partir de un acuerdo reparatorio, que implica una negociación con las víctimas, y la segunda, la suspensión condicional del proceso, la cual incluye un plan de reparación, que es admitido o no por el juez.

Este último, señalaron, es el que acompaña la propuesta del comisionado Garduño, es decir, de ser aceptada la solución alterna, sería un juez y no las víctimas quienes lo aceptan o no.

Se trata de una forma de obtener la absolución, sin que las investigaciones y el resultado de éstas le finquen responsabilidad penal alguna por el atroz hecho del 27 de marzo, apuntó Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia.