Morelia, Mich., Las 26 personas detenidas el pasado 16 de septiembre en La Ruana, municipio de Buenavista, por la portación de 15 rifles de alto poder y dos pistolas, fueron liberadas porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo acreditar la posesión de las armas, de acuerdo con un juez federal con sede en Morelia. A su vez, el gobernador Alfredo Ramírez criticó el actuar del togado, porque sigue funcionando la puerta giratoria.

Un juez federal consideró ilegal las aprehensiones de 20 hombres y seis mujeres durante un operativo que cuerpos de seguridad federales y estatales implementaron en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, donde fueron aseguradas 15 armas largas y dos cortas en un domicilio.

La noche del martes, en la sede del Poder Judicial de la Federación en Morelia, el juzgador señaló que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los imputados en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El gobernador morenista Alfredo Ramírez responsabilizó al Poder Judicial Federal de la liberación de los 26 civiles armados. Según el mandatario, hay mucha insensibilidad de los jueces federales, que no están a la altura de las necesidades del país.

El Ejecutivo estatal aseguró que su administración trabaja bien con la Fiscalía General de la República y la FGE, pero es recurrente que los detenidos terminen libres por orden del Poder Judicial Federal, y luego se les arresta en flagrancia o son asesinados en confrontaciones entre bandas criminales.

Matan a elemento de la GN

Un integrante de la Guardia Nacional (GN) División Caminos murió acribillado a balazos por varios sujetos cuando iba a entrar a su domicilio, ubicado en la calle Nezahualcóyotl de la colonia México, municipio de Uruapan.

Mientras, como resultado de un operativo implementado en las cabeceras municipales de Apatzingán y de Buenavista Tomatlán, así como en las localidades Santa Ana Amatlán y Pinzándaro, en la segunda demarcación, fueron decomisadas 163 máquinas tragamonedas que se instalaron en tiendas bajo presión del crimen organizado.

En esta acción participaron la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.