ues nada, que la mata es tan fecunda que no transcurre día sin que produzca, porque cotidianamente se presentan detallados informes sobre el nefasto comportamiento de no pocos elementos del aparato de impartición de justicia en el país, los cuales cubren, protegen, amparan y/o liberan a integrantes del crimen organizado, con los de cuello blanco al principio de la lista.

Como muestra, un botón: en la mañanera de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, denunció, en su informe sobre cero impunidad, a jueces que favorecen a presuntos delincuentes, y en este sentido subrayó que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, el abogado salinista Juan Collado, y el ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, todos acusados e investigados por delitos graves, han sido beneficiados por resoluciones de jueces y magistrados para evitar el acceso a la justicia ( La Jornada, Emir Olivares y Alonso Urrutia).

El funcionario detalló que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, decidió cesar la medida de prisión preventiva justificada a Juan Collado, abogado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en su proceso por el delito de defraudación fiscal. Esto, aun cuando el propio juzgador reconoció el riesgo de que el imputado pudiera evadirse de la justicia.

En el caso de Emilio Lozoya Austin, el subsecretario explicó que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Genaro Alarcón López, ordenó la suspensión del procedimiento en contra del ex titular de Pemex por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluido en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso Ancira. El imputado ni siquiera ha cumplido con la totalidad del pago reparatorio a la paraestatal; de esa manera obtiene ventaja indebida en su proceso.

Por lo que toca a Uriel Carmona, señaló que el ex fiscal de Morelos, “ha sido favorecido en tres ocasiones al decretarle la libertad por acusaciones de varios delitos. Se le ha acusado de retraso de la justicia, donde los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado, ordenaron su inmediata libertad argumentando que no se respetó su fuero; se le acusó de encubrimiento por favorecimiento, y magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México ordenaron la suspensión provisional de la detención preventiva, y en un tercer delito –feminicidio en calidad de auxiliador– el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito suspendió la prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad . Sin embargo, sigue detenido por un cuarto proceso por el delito de tortura”.

Rodríguez Bucio también denunció al juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Julio Veredín, quien concedió la suspensión provisional a Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez –acusado de 46 cargos por narcotráfico y lavado de dinero–, para que no se ejecute materialmente la orden de extradición.

Algunos más: el juez segundo de distrito en el estado de Tlaxcala, Anastacio Romo, junto con los magistrados del tribunal de apelación del 28 circuito, Jesús Díaz Guerrero, Marcela García y Jorge Martínez, protegieron a cuatro presuntos secuestradores, y así por el estilo.

Muestras, pues, de cómo se imparte justicia en el país.

Las rebanadas del pastel

No queda duda: con la huelga de Notimex, Adriana Urrea y su círculo encontraron la olla de oro al final del arcoíris, pues obtendrán 224 millones de pesos por liquidaciones, de los que la dirigente sindical se quedará con cerca de 3 millones; el resto del personal enlistado por la Secretaría del Trabajo con el mismo fin (originalmente 34, número que sin más creció a 85, incluidos algunos que ya habían recibido indemnización) también obtendrá una gruesa rebanada. Por instrucciones de Bucareli, el asunto ya se cocinó y sin tomar en cuenta a la directiva de la institución. Aún no se publica el decreto de extinción, pero ya se frotan las manos, porque la instrucción es saldar todo a más tardar el próximo 30 de septiembre. Ese total incluye una canasta (así aparece el concepto) por más de 12 millones de pesos y 225 mil adicionales por aniversario. En el balance, la menor liquidación será por un millón 109 mil 704.61 pesos y la mayor por 5 millones 211 mil 174.27.

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