eis años después del sismo del 11 de septiembre de 2017, los trabajos de reconstrucción están lejos de concluir y muchas familias que habitaban en edificios que fueron dañados o destruidos por el terremoto en la Ciudad de México aún se encuentran en una situación incierta.

El proceso de reconstrucción experimentó diversas vicisitudes desde que dio inicio; fueron las principales la corrupción de funcionarios y legisladores de administraciones pasadas, como Leonel Luna Estrada (quien falleció en marzo de 2021), Mauricio Toledo Gutiérrez (prófugo de la justicia) y Jorge Romero Herrera (bajo investigación y protegido por el fuero del que goza como diputado), así como el burocratismo de las diversas dependencias federales y locales involucradas.

Cabe recordar que desde 2018 la hoy extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México recibió diversas denuncias sobre desvíos y manejos irregulares de los recursos destinados a la reconstrucción, que en ese mismo año se giraron órdenes de aprehensión contra el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez y del ex comisionado de la Reconstrucción Édgar Tungüí Rodríguez, y en diciembre de 2019, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) señaló a la Tesorería y la Oficialía Mayor del gobierno que encabezó Miguel Ángel Mancera.

En la actual administración, la superación material de los daños causados por el sismo en el ámbito nacional fue encargada a un comisionado nacional para la Reconstrucción, David Cervantes, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien falleció en junio del año pasado.

En su lugar fue nombrada Edna Vega Rangel, quien hace un año informó que se habían concluido unas 61 mil acciones, que 6 mil se encontraban en proceso y aún quedaban 2 mil por iniciar.

Las tareas de reconstrucción en la capital del país quedaron a cargo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, auxiliada por el Instituto de Vivienda (Invi), aunque hasta 2022 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) tenía una función fundamental en la autorización de los proyectos de reconstrucción.

En este laberinto burocrático persiste un rezago importante en la conclusión y hasta en el arranque de los trabajos necesarios para hacer efectivo el derecho a la vivienda de los damnificados que aún no han encontrado solución, o a quienes se les ha propuesto esquemas crediticios que sobrepasan sus capacidades de pago.

Por si esto fuera poco, integrantes del Movimiento Urbano Popular señalaron ayer, al conmemorar los sismos de 2017 y de 1985, que hay en la capital más de un millar de inmuebles catalogados como de alto riesgo, lo que hace necesario extender las tareas de reconstrucción a la atención de tales edificaciones. Resulta un imperativo moral, social y político terminar de reparar, antes de que concluyan las actuales administraciones federal y capitalina, los daños causados por los terremotos y de resolver la situación de quienes siguen esperando desde hace seis años la restitución de sus viviendas.