Suárez, Cauca, Colombia. La escena fue todo un fresco de la Colombia rural que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere enviar al olvido: guerrilleros y funcionarios públicos, campesinos que aún viven en los tiempos de la violencia eterna y un robusto cultivo de coca haciendo las veces de telón de fondo para el esperado anuncio de que el 8 de octubre se instalará una nueva mesa de negociaciones de paz entre el gobierno nacional y remanentes de la insurgencia.

Sucedió ayer al mediodía, en el ardiente caserío de Playa Rica, al norte del Cauca, el departamento donde mejor se condensan todos los factores y actores que impiden al país caminar por la senda del desarrollo económico y social, tras décadas de confrontación armada, abandono estatal y dominio de las economías ilegales.

En el breve espacio de unos 150 metros cuadrados que sirve de coliseo deportivo a la comunidad, confluyeron las delegaciones de paz del gobierno y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para anunciar –además– que el inicio de las conversaciones tendrá lugar en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, coincidiendo con la puesta en marcha de un alto el fuego entre los rebeldes y el ejército nacional.

Fueron testigos directos de este anuncio, representantes de la misión permanente de la Orga-nización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, voceros de la Or-ganización de Estados Americanos así como embajadores de naciones latinoamericanas y europeas que han acompañado durante 13 meses las exploraciones previas que hicieron ambas partes antes de dar este paso, calificado de sustancial por el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Comunidades, en el centro de las conversaciones

Portando pancartas alusivas a la paz y el cese al fuego, atentos labriegos curtidos por años de guerra, escucharon a los voceros de ambas partes cuando aseguraron que en el centro de las conversaciones estarán las comunidades con sus cargas de demandas insatisfechas y sus esperanzas que se pase definitivamente la página de la violencia que han padecido por años junto a sus familias.

Un salto histórico

Camilo González, jefe de la delegación de paz del gobierno, se refirió al hecho como un salto histórico, y subrayó que el soporte sobreel cual se construirán los diálogos será el derecho internacional humanitario .

Andrey Avendaño, quien lidera el equipo negociador de los irregulares, dijo que para ellos paz significa que las noches de las comunidades sean tranquilas y por fin tengan voz los que nunca la han tenido.

En un comunicado conjunto, gobierno y guerrilla destacaron que –a diferencia de otros procesos– en éste se avanzará sobre la base de llevar soluciones tempranas a las necesidades de la población, alimentando con hechos y acciones concretas las esperanzas de paz, sin esperar a que se firme un largo documento de compromisos al cabo de años de negociaciones.

Reiteramos la firme convicción de construir un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera con justicia social y ambiental, se lee en la declaración conjunta.

El documento subraya que la instalación de la mesa se acompañará con la aprobación de un acuerdo para el respeto a la población civil y la aplicación del cese el fuego bilateral, temporal, de carácter nacional y territorial.

A pocos días de las elecciones regionales del 27 de octubre próximo, la guerrilla hizo el esperado anuncio, de respetar el libre ejercicio al voto y permitir la actividad de las diversas campañas electorales en sus áreas de influencia. Según datos de fuentes militares, el EMC (estado mayor central) de las FARC cuenta con unos 3 mil guerrilleros en armas, con presencia en 15 de los 32 departamentos del país, en especial en las áreas limítrofes con Venezuela, Ecuador y Perú.

La mesa de negociaciones que se instalará el 8 de octubre se suma a la ya existente, desde noviembre de 2022, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que completó esta semana su cuarto ciclo en Caracas. Gobierno y ELN anunciaron que la nueva ronda, en octubre, regresará a México, donde ya estuvieron reunidas las partes.

Al tiempo que el país seguía las noticias que llegaban desde el Cauca, en los distantes llanos orientales el ejército reconocía su participación en las ejecuciones extrajudiciales de centenares de jóvenes que fueron asesinados y después mostrados ante la prensa como guerrilleros caídos en combate.

En una audiencia convocada por la Jurisdicción Espacial de Paz (JEP) el general Henry Torres, ex comandante de la Brigada 16 del ejército, dijo que asumía con vergüenza el señalamiento de máximo responsable de estos macabros hechos que derivaron en el asesinato de 196 personas, 138 de las cuales fueron presentadas como no identificadas.

La JEP imputó a Torres de impulsar, entre 2005 y 2007, un plan criminal a través de órdenes y presiones a sus subalternos. Asumo la responsabilidad por todos los señalamientos que me han hecho por estos delitos que fueron cometidos bajo mi mando y por mi exigencia.

Torres reveló que tuvo presiones de los máximos mandos de las fuerzas militares y confirmó que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas localmente como falsos positivos, fueron una política institucional que pretendía dar la sensación de que se estaba derrotando a la guerrilla en los campos de batalla.

Noticias de guerra y paz

Y como si este martes se hubiera predestinado para dar noticias de guerra y paz, las fuerzas militares emitieron en la tarde un comunicado. Informaron que seis oficiales, cuatro suboficiales y ocho soldados incriminados en un asalto a campesinos el 11 de septiembre en la localidad de Tierra Alta, al norte del país, serán retirados, pues su comportamiento comprometió los principios y valores de la institución.

Fotografías y videos tomados por los labriegos registran las cinco horas de terror que vivieron centenares de familias sometidas a punta de fusil a ultrajes y amenazas por parte de estos militares que, encapuchados y vestidos de negro, se hicieron pasar por guerrilleros.