Nueva York Y Washington., Fue claro el objetivo de Washington desde antes de la elección de Salvador Allende, y Henry Kissinger, el arquitecto de la intervención política y económica de Estados Unidos y entones asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lo articuló en una de las frases más sintéticas en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: no veo por qué nos tenemos que mantener quietos mientras un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su pueblo.

Unos meses antes de la elección de Allende en 1970, subrayó que: los asuntos son demasiado importantes para que sólo los votantes chilenos decidan por sí mismos.

Poco después de que fracasó el esfuerzo estadunidense de evitar la elección de Allende, Kissinger advirtió que la preocupación no se limitaba a Chile, sino al ejemplo y efecto en otros países latinoamericanos incluyendo Argentina y Bolivia: “ya no sólo tendríamos un gobierno (comunista) en una isla… sino en un país mayor de América Latina”.

Subrayó: no deberíamos engañarnos de que una toma de poder de Allende no presentaría problemas masivos para nosotros, y para fuerzas democráticas y fuerzas proestadunidenses en América Latina, y de hecho en todo el hemisferio occidental.

Bajo ese prisma, Estados Unidos justificó su destrucción de la democracia en Chile y los magnos abusos de derechos humanos que eso incluyó. Pero el asalto contra la democracia chilena hace 50 años no sólo contaba con la complicidad abierta y encubierta de la cúpula política de Estados Unidos, sino de grandes empresas estadunidenses, como había sido el caso en tantas otras aventuras intervencionistas de Washington en el hemisferio occidental a lo largo de más de un siglo.

“Las relaciones entre Estados Unidos y Chile se deterioraron en los años 70 por preocupaciones estadunidenses en relación con la izquierda chilena y el surgimiento de la nacionalización chilena de ciertas empresas, especialmente las del cobre. La posibilidad de la estatización de dos de las principales compañías chilenas de cobre, Anaconda y Kennicott –ambas propiedad de un grupo inversionista sito en Estados Unidos– junto con el crecimiento del sentimiento socialista a través del hemisferio, llevó a Washington a, de manera abierta y encubierta, enviar asistencia al gobierno chileno, como también a institutos políticos, entre los que está el Partido Democristiano (PDC)”, resume ágilmente un informe de la Oficina del Historiador del Senado de Estados Unidos.

El del cobre era el sector estratégico para Chile, como también para las trasnacionales. Antes de la victoria de Allende en la urnas, los capitales estadunidenses controlaban 80 por ciento de la producción de ese mineral, y el cobre representaba 20 por ciento del ingreso de divisas para el país.

Cuando el gobierno recién electo de Salvador Allende promulgó una ley de nacionalización en 1971, estas mineras, junto con la estadunidense de comunicaciones International Telephone & Telegraph (ITT) –afectada por la iniciativa del gobierno de recuperar control de la empresa de teléfonos– se volvieron promotoras de esfuerzos de la Casa Blanca para lo que ahora se llama cambio de régimen.

Incluso antes de los comicios que le dieron el triunfo a la izquierda chilena, ya habían dejado claro y actuado, junto con el gobierno estadunidense, que harían todo para evitar una presidencia encabezado por Allende. Después de fracasar, fueron cómplices de la Casa Blanca en promover el golpe.

Otra empresa, PepsiCo (dueña de Pepsi y otras marcas) también participó activamente. El presidente de PepsiCo, Donald Kendall, había instado a Richard Nixon en septiembre de 1970 a hacer lo posible para evitar que el entonces mandatario electo Allende tomara posesión, y logró que el dueño de la embotelladora de esa marca en Chile, el empresario multimillonario chileno Agustín Edwards Eastman, también propietario del periódico más grande de Chile, El Mercurio, se reuniera con Nixon en Washington el 15 de septiembre de 1970. Ese mismo día, Kendall y Edwards desayunaron con Kissinger para conversar sobre cómo lograr ese objetivo, confirman documentos desclasificados por el National Security Archives revelados este año en el libro Pinochet Desclasificado de Peter Kornbluh (https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2023-08-08/chiles-coup-50-kissinger-briefed-nixon-failed-1970-cia-plot-block).

Además de proveer información y frentes para la CIA (Agencia Central de Inteligencia), las empresas multinacionales también participaron en intentos encubiertos para influir en la política en Chile, establece el informe extraordinario del famoso comité especial del Senado, encabezado por el senador demócrata Frank Church, Acción Encubierta en Chile 1963-1973, publicado en 1975 (https://www.intelligence.senate.gov/ sites/default/files/94chile.pdf). Destaca que, más que cualquier otra, la relación de ITT con la CIA fue la más prominente en Chile durante esa década.

En 1970, el gobierno estadunidense y varias multinacionales estaban vinculadas en oposición a la candidatura y después a la presidencia de Salvador Allende, agrega el informe del Senado, señalando que hubo dos fases: la primera fue un esfuerzo de la CIA y las multinacionales para buscar prevenir la elección de Allende, y la segunda fase con el gobierno estadunidense y las empresas apoyando y fomentando la oposición a Allende. El informe detalla múltiples reuniones entre la CIA y multinacionales estadunidenses tanto en Washington como en Chile, y la relación más extensa con ITT.

La participación de firmas estadunidenses fue acompañada con una política de desestabilización económica resumida en la instrucciones explícitas del entonces presidente Richard Nixon para hacer gritar a la economía.

Desde la elección de Allende en 1973 hasta el golpe, se implementó bajo la guía de Washington la suspensión de toda asistencia económica estadunidense, un freno al crédito internacional, se buscó obstaculizar las negociaciones sobre la deuda externa heredada de gobiernos anteriores (la segunda más alta, per cápita, del mundo), como también las exportaciones de cobre e igualmente se frenó la importación de productos esenciales para el funcionamiento de algunos sectores industriales chilenos, algo en lo que participaron activamente las trasnacionales, todo lo cual fue denunciado por Allende como un bloqueo económico no declarado para crear condiciones adversas para desestabilizar el país.

Por otro lado, las operaciones clandestinas de Washington en Chile también se realizaban por conducto de los medios durante décadas: “Desde 1953 a 1970 en Chile, la Estación (oficina de la CIA en el país) subsidió agencias de cables, revistas escritas para círculos intelectuales y un semanario derechista… Por mucho –y probablemente la más significativa– instancia de apoyo de un medio fue el dinero otorgado a El Mercurio, el diario mayor de Santiago” durante lapresidencia de Allende, resume la investigación del Senado sobre la acción encubierta de Estados Unidos en Chile.

El informe destacó que en 1971 y 1972, Washington otorgó casi 2 millones de dólares a El Mercurio, justificando que ese y otros medios apoyados por la CIA habían jugado un papel importante en preparar el escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al socialista.